Estrella solitaria

Desde inicios de 2021, el gobierno republicano de Texas puso en práctica una estrategia denominada Estrella Solitaria (Lone Star en inglés), con el objeto de contrarrestar la migración ilegal, el tráfico de drogas y la trata de personas en su frontera con México.

El pasado 8 de junio, el gobernador Abbott anunció el despliegue de barreras marinas a lo largo del río Bravo, señalando que los primeros tramos se colocarían cerca de Eagle Pass. Poner boyas acuáticas en la línea divisoria internacional tiene implicaciones en diversos ámbitos. Los medios han resaltado aspectos humanitarios: una joven embarazada quedó atrapada y sufrió un aborto involuntario al tratar de liberarse, cuatro migrantes se ahogaron; también se han mencionado cuestiones éticas: se ha alegado que los integrantes de la Guardia Estatal han recibido órdenes de rechazar físicamente a los migrantes y negarles agua, aunque estén deshidratados.

Los temas partidarios abundan. Más allá que el ejercicio de las cuestiones relativas a asuntos fronterizos y aduaneros corresponde a las autoridades de Washington D.C. (por lo cual las acciones derivadas de Estrella Solitaria, presumiblemente, invaden la esfera de competencia federal), la puesta en práctica de la estrategia se orienta a fortalecer la imagen del gobernador texano a nivel nacional, contrastando su actuar con el enfoque más laxo de la administración federal. En una carta enviada por el gobernador al presidente Biden en noviembre pasado, Abbott señaló dos disposiciones constitucionales que le permiten actuar en contra de la “invasión” de quienes se internan en territorio texano sin autorización. Según él, dado que el gobierno federal no ha cumplido su deber de proteger a las entidades federativas en contra de invasiones, lo que ha puesto a Texas en peligro inminente, se han creado las condiciones para que el gobierno estatal se involucre en una “guerra”. Algunos observadores plantean que, al desafiar la política migratoria federal, el gobierno texano busca una vía para llevar la controversia hacia la Corte Suprema. La idea sería presentar un asunto que permita a la mayoría conservadora de ese tribunal modificar el statu quo de manera que los gobiernos estatales queden autorizados a repeler y perseguir a los migrantes.

Si la colocación de barreras marítimas intentaba provocar un pronunciamiento del máximo tribunal, el camino hacia esa instancia será más largo de lo planeado por Abbott. Los alegatos de la demanda del gobierno federal, presentada el lunes pasado ante el juzgado federal de Texas Occidental, omite hacer cualquier referencia a cuestiones constitucionales. La inconformidad del Departamento de Justicia está fundada totalmente en una ley federal de 1899, relativa a la regulación de puertos y ríos. La norma prohíbe construir cualquier estructura en los ríos navegables sin contar con la aprobación de las autoridades federales. También impide crear cualquier obstáculo en la capacidad de navegación de los ríos, a menos que se cuente con la autorización expresa del congreso federal. Aunque previsiblemente el juzgado favorezca al gobierno federal, es importante para México mantenerse pendiente de la evolución de este proceso legal.