Regreso de la pena de muerte

Aun cuando la aplicación de la pena de muerte persiste en 28 estados de la Unión Americana, a nivel federal su práctica ha sido escasa. Desde 1963 y hasta hace unas semanas, los condenados a muerte por delitos federales se contaban con los dedos de una mano. En marzo de 2003 fue ejecutado el exsoldado Louis Jones, después de haber sido hallado culpable del secuestro, violación y asesinato de una soldado de 19 años. A partir de entonces, las administraciones Bush y Obama se abstuvieron de llevarlas a cabo. Esta situación cambió drásticamente el 14 de julio pasado, no sólo porque la moratoria existente desde 2003 quedó interrumpida, sino también porque, en tan sólo cuatro días, murió el mismo número de condenados federales que en los 20 años previos.

En efecto, en tan sólo cuatro días, entre el 14 y el 17 de julio, Daniel Lewis Lee, Wesley Ira Purkey y Dustin Lee Honken fueron privados de la vida por las autoridades penitenciarias federales en Indiana y Iowa. Entre las causas que explican este cambio radical pueden apuntarse tanto la actitud favorable hacia la pena de muerte de la administración Trump como una reciente decisión de la Suprema Corte que anuló la objeción de una juez respecto al procedimiento de aplicación de la pena capital.

En julio de 2019, el fiscal William Barr anunció la adopción de un nuevo protocolo de ejecuciones, consistente en la utilización de una inyección que contiene una sola sustancia letal (pentobarbital sódico), y no el cóctel de tres drogas usado en las ejecuciones previas. A partir de ese momento, los defensores de los condenados a muerte interpusieron una serie de recursos legales orientados a impedir que el gobierno federal privara de la vida a sus defendidos.

Faltando un día para realizar la primera ejecución, una juez federal de Washington D.C. emitió un dictamen en el que señaló que el nuevo protocolo para llevar a la práctica la pena capital probablemente violaba la octava enmienda constitucional que establece la prohibición de someter a los presos a castigos crueles o inusitados. Agregó que existen pruebas suficientes para afirmar que el pentobarbital produce sensaciones de ahogo y asfixia, al tiempo que causa dolor extremo, terror y pánico.

La Fiscalía impugnó el dictamen ante la Suprema Corte quien resolvió el 14 de julio. La resolución del máximo tribunal, por una apretada mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, determinó anular el dictamen de la juez al considerar que no ha sido establecido que el uso de pentobarbital viole la octava enmienda, además de que su utilización en las ejecuciones estatales se ha ido ampliando sin incidentes en más de 100 casos y habiendo sido invocado por los condenados como una alternativa menos dolorosa y menos arriesgada que las inyecciones letales de otras jurisdicciones. Con esta decisión, la Corte despejó el camino para que la administración Trump ejecute a los presos condenados a la pena capital.