El senador Bonilla

STRICTO SENSU

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral federal resolvió de manera definitiva una controversia relacionada con la incorporación de Jaime Bonilla al Senado de la República.

Los hechos comenzaron a fines de agosto de 2018, cuando Bonilla tomó protesta como senador de Baja California por el principio de mayoría relativa. El periodo para el que fue electo inició el 1º de septiembre de ese año y terminaba el 31 de agosto de 2024. No obstante, el 6 de diciembre del 2018 el Senado le concedió licencia por tiempo indefinido. Casi un año después, el 1º de diciembre de 2019, Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California, al haber resultado vencedor de los comicios de junio de ese año. Su gestión al frente del poder ejecutivo del estado fronterizo concluyó el 31 de octubre de 2021.

El 29 de marzo de este año, el Senado informó de su regreso como senador a partir del 25 de marzo. El presidente del PAN en Baja California impugnó ese retorno ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal. Lo hizo ahí porque ese órgano es el competente para conocer de asuntos electorales ocurridos en la primera Circunscripción integrada por ocho estados, entre ellos Baja California. Señaló que, al momento de asumir la gubernatura estatal, Bonilla perdió definitivamente su calidad de integrante del Senado, pues es imposible que una misma persona desempeñe simultáneamente dos puestos de elección popular, aun cuando se trate de posiciones pertenecientes a diferentes ámbitos: una estatal y otra federal. En consecuencia, su retorno a la Cámara alta debía ser desestimado. El 5 de mayo, la Sala Regional resolvió dejar sin efectos la reincorporación del exgobernador al Senado. Ante ello, cuatro días después, Bonilla interpuso dos recursos de reconsideración: uno ante la Sala Regional y otro ante la Superior. Ambos fueron turnados a la ponencia del magistrado Vargas, a quien correspondió elaborar una propuesta de resolución.

El proyecto presentado planteó la acumulación de ambos recursos, desechando el recibido posteriormente, por ser dos impugnaciones en contra del mismo acto. Absteniéndose de explorar si Bonilla perdió la calidad de senador al asumir la gubernatura, el análisis se enfoca a determinar la legitimación del presidente del PAN estatal para interponer la impugnación. Reconociendo que el funcionario tiene la representación para actuar a nombre de su partido ante órganos electorales y administrativos, ésta se limita a Baja California. Dado que la interposición de la inconformidad en la Sala Regional es una cuestión federal, concluye que el presidente estatal del PAN carecía de legitimación para actuar en ese ámbito. Por lo tanto, propone la revocación de la sentencia de la Sala Regional, obligando al Senado a convocar al exgobernador para ser reincorporado como senador. El 10 de agosto, el proyecto del magistrado Vargas recibió la aprobación de cuatro de los seis magistrados de la Sala Superior, quienes coincidieron con sus razonamientos. Así, el 17 de agosto, Jaime Bonilla retornó a su escaño en el Senado.