Mónica Garza

Se solicitan camisas de fuerza en San Lázaro

GENTE COMO UNO

Mónica Garza
Mónica Garza
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Quien piense que se puede tratar de la misma manera a una persona que padece Alzheimer, a una que padece trastorno bipolar, diagnóstico de esquizofrenia, depresión clínica o adicción a las drogas, está en un error. En un grave error.

Pero si los que no lo pueden distinguir correctamente son legisladores que pretenden modificar una ley que impacta directamente en pacientes psiquiátricos, el error se puede convertir en un crimen.

Todas las enfermedades de orden mental tienen condicionamientos distintos, pero hay algo en lo que sí coinciden: todos sus pacientes son seres humanos sujetos a derechos y al poder de decisión —en la mayoría de los casos— sobre el manejo de sus tratamientos psiquiátricos.

En la psiquiatría contemporánea la palabra Voluntariamente es la palabra mágica…

Por eso se armó el escándalo que se armó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados cuando especialistas (ellos sí), activistas y familiares de pacientes psiquiátricos acudieron a impedir que se pasara en “fast track” un nuevo dictamen cuyo tema principal es la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental, cuyos errores de redacción podrían devolver a este tipo de pacientes a prácticas invasivas, agresivas y arbitrarias para sus tratamientos.

Se trata de una propuesta de la diputada Miroslava Sánchez Galván, que por fortuna se detuvo el jueves y supuestamente se llevará a parlamento abierto este lunes, aunque no es seguro que cuente con la argumentación, con las voces de expertos correspondientes, como lo han solicitado los voceros de organizaciones de la sociedad civil, como Human Rights Watch, Documenta AC y Disability Rights International.

¿Cuáles son los errores en cuestión? En primer lugar, se “homologan” el abuso de sustancias (adicciones) con la salud mental; que si bien pueden tener una estrecha relación, no son para nada lo mismo.

La Organización Mundial de la Salud define el espectro de la discapacidad psicosocial como “aquellas personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión.”

Expertos opinan que los términos utilizados en dicho dictamen carecen por completo de una actualización conforme a las normas internacionales y se refiere a la salud mental como un tema exclusivo de las personas diagnosticadas con algún trastorno o “personas adictas”.

Ambas condiciones No pueden quedar en la misma canasta.

La Cámara de Diputados, en una foto de archivo.
La Cámara de Diputados, en una foto de archivo.Foto: Cuartoscuro

En el texto no se considera que, cualquier individuo aún sin estar diagnosticado, puede presentar y sufrir alguna dificultad psicosocial y tiene el mismo derecho de ser atendido.

Pero quizá lo más grave es que establece la posibilidad de internar a una persona diagnosticada con adicción SIN su consentimiento informado y con la facilidad de que lo haga “un representante”, sin especificar más sobre el perfil del mismo. Esto es muy peligroso.

Imagine que a usted o a mí, nos impongan un tratamiento o una hospitalización por la fuerza, sin la atención previa correspondiente y a quién sabe qué criterio, sobre el que ni siquiera tendremos el derecho de opinar.

Se trata de una privación de la libertad autorizada por la ley. Es el horror.

Un horror que además contempla prácticas conocidas como “mecanismos de contención física, química o mecánica”, que incluyen amarrar al paciente a una cama para mantenerlo sometido, para “evitar que se dañe o dañe a alguien más”.

Quien haya redactado dicho texto simplemente olvida —o desconoce— que uno de los principios fundamentales del derecho a la salud es que uno puede decidir sobre sus propios tratamientos, algo que no está claro en esta iniciativa y de ahí su peligrosidad.

De acuerdo a la Asociación Psiquiátrica de México, casi el 30% de nuestra población está afectada por algún tipo de trastorno mental, pero sólo uno de cada cinco recibe tratamiento, los que pueden —muchos de ellos en el sector privado—, porque la atención pública en esta materia es bien conocida por su insuficiencia e ineficacia.

Sólo 2% del presupuesto destinado a la salud se enfoca en la atención mental, y de este, 80% se emplea en gastos operativos, aún cuando la recomendación de organismos internacionales es que los recursos sean de al menos 7%.

Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, un país con la densidad poblacional de México requiere al menos 6 mil 500 psiquiatras, y aquí no llegamos ni a 5 mil…

Hace unos días la ONU señaló que “la salud mental debe estar al frente y al centro de las respuestas nacionales a la Covid19”, pero si aquí seguimos en este camino, muchos podríamos simplemente terminar en camisa de fuerza, incluidos algunos legisladores… Esperemos al lunes…