El cártel de los panteones

El Covid-19 ha a vuelto colocar la mirada en los cementerios. Este servicio público es una de las grandes zonas de oportunidad para la administración pública local. Las personas fallecidas por causa del nuevo coronavirus deben ser cremadas, pero no todas las muertes son reportadas como causadas por el contagio, lo que ha ocasionado un aumento de trámites y sepulturas en esos lugares.

La principal denuncia que se ha presentado en los últimos días es el cobro excesivo para enterrar a los occisos.

Sin embargo, la lista de abusos e irregularidades que los mismos trabajadores reportan es sumamente amplia. Los perpetradores de la ilicitud son también servidores públicos.

Va una breve relación enunciativa de las principales denuncias que han ocasionado una tibia intervención del Gobierno y principalmente de las instancias investigadoras y sancionadoras de ilícitos, como son la Fiscalía y la Contraloría.

Cuando un usuario acude a un cementerio a realizar una certificación de antecedente de título, funcionarios le expresan que su documento es apócrifo, por lo que carece de validez. Además, que no podrá hacer uso de la fosa porque el titular es otra persona. Obvio, el objetivo es cobrarle una cantidad de 3 a 6 mil pesos, para permitirle la sepultura en ese espacio.

Lo anterior está relacionado con el ofrecimiento de títulos de temporalidades, en la jerga de los panteoneros: fosas de corte; es decir, sepulturas amparadas con documentos cuya vigencia es de siete años.

Las campañas de regularización de títulos han sido suspendidas porque eso les permite a “probos” funcionarios expedirlos de temporalidad máxima. La regularización de documentos se concreta a cambio de una “módica” cantidad que oscila entre los 10 mil a 20 mil pesos.

El costo de título de temporalidad prorrogable, símil del de perpetuidad, fluctúa entre 30 mil a 50 mil pesos.

En las entradas u oficinas de los cementerios gestores ofrecen sus servicios para cambios de titulares de fosas irregulares o no sustentados, ante la Consejería Jurídica. La validación de esos documentos indebidos para que continúen con el trámite de regularización cuesta al solicitante entre 10 mil y 15 mil pesos.

Los servicios para sepultar, para realizar la inhumación, ocasionan un cobro al sepulturero de una cuota mínima de 500 pesos y graduada según la funeraria que realice el cortejo.

Lo anterior son sólo botones de muestra relatados por quienes optan por no ser traficantes del dolor; la realidad supera cualquier imaginación.

La Jefa de Gobierno debe combatir al cártel de los panteones, esa asociación delictuosa que trafica con la sepultura y lastima a los que menos tienen. Además, el sindicato está obligado a realizar una purga de elementos perniciosos.

El grueso de las alcaldías son reprobablemente omisas ante la triple tragedia: la del dolor provocado por la muerte del familiar y el ensanchamiento del mismo, ocasionado por la extorsión cobijada al amparo del poder público.

La impunidad debe abatirse.