De marchas y plantones

Cuántos asistieron a la marcha del Frente Nacional (Frena)? Depende a quién le preguntes, para el Gobierno de la ciudad fueron ocho mil y para los organizadores participaron más de 150 mil.

Hace algunos años el periódico que el Presidente ha catalogado como el de la derecha, recogía la voz de los comerciantes inconformes con plantones y marchas; ahora el mundo es al revés, el periódico tildado por la oposición como el boletín oficial de la Cuarta Transformación resalta el “daño a la economía”. Lo que es un hecho es que las manifestaciones, marchas y plantones siguen sin un ordenamiento jurídico en la ciudad que procese mejor los reclamos ciudadanos.

El campamento de Frena creció después de la marcha del fin de semana, y según sus promotores, la marcha no produjo violencia ni vandalismo, tampoco afectó comercios, y la afectación a la movilidad de los capitalinos fue mínima.

Del otro lado de la cancha, fue un atentado contra la salud, seguridad, libertad y economía, que agudiza los efectos de la pandemia en negocios que languidecen ante el desplome de las ventas. Voceros del comercio establecido volvieron a dolerse del comercio informal y de las manifestaciones que provocan cortes de vialidades, pidieron que los gobiernos de la CDMX y el de la República encuentren soluciones a las demandas presentadas por los manifestantes.

La expresión de inconformidad contra algo o apoyo a una causa, mediante una marcha, mitin, manifestación, bloqueo o plantón tiene su base en el derecho fundamental de cualquier persona a expresar su opinión y manifestarla por el cauce que considere adecuado. Por supuesto que existen límites como el respeto a la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio y el respeto a terceros. El derecho al reclamo de unos y los derechos de otros a no ser afectados; ahí radica el debate, la tensión. Los abogados llaman a ponderar los derechos, es decir, determinar qué derecho tiene prevalencia sobre otro.

Las manifestaciones que desembocan en plantones o bloqueos son también síntoma de las ausencias o debilitamiento de espacios de interlocución entre autoridades administrativas y manifestantes. Los gobiernos de la ciudad y federal cuentan con áreas que dan seguimiento a la información en fuentes abiertas para detectar convocatorias en el espacio público, medios de comunicación o digitales, lo que les permite identificar reclamos, actores, mecanismos y lugares de expresión, de su inconformidad. Contactar, dialogar, establecer canales de comunicación, canalizar y resolver son obligaciones de los servidores públicos encargados de la atención del conflicto y la gobernación.

Si bien marchar con orden ha sido una aspiración capitalina que no se ha traducido en una ley, existen protocolos de actuación que el poder público debe atender para que la inconformidad produzca los menores daños colaterales.

Mientras tanto, el plantón prueba la ausencia de una buena política para procesar el conflicto y el crecimiento de la polarización. Estamos ante una involución de capacidades gubernamentales.