La violencia ronda

La violencia es antitética a la democracia. Esta última es la forma más acabada que han encontrado las sociedades para disputar el poder de forma pacífica. No puede existir una elección libre cuando es producto de la amenaza o el uso de la fuerza por parte de un agente externo. En México, la violencia y las elecciones están, por desgracia, altamente asociadas. 

La violencia electoral se puede tipificar como aquélla que tiene como objetivo determinar, posponer o influir en el resultado de una elección. Veamos los datos de los últimos 3 procesos electorales a nivel federal. Según Laboratorio Electoral, en el proceso electoral de 2018 se generaron 145 muertes por violencia. En 2021 se presentaron 88 víctimas fatales, mientras que en el actual proceso la cifra ronda en los 20 casos a cuatro meses de la jornada electoral. A estas cifras se deben sumar los casos de amenazas y agresiones no letales (tentativas de homicidio, lesiones, desapariciones, secuestros) que han sido recopiladas y clasificadas por el proyecto “votar entre balas” de Datacívica.

El modus operandi de la violencia electoral suele conducirse mediante dos mecanismos: captura o anulación. La primera suele ser poco pública y anecdótica. Es frecuente encontrarse con historias de aspirantes a candidaturas a las que “invitaron a no participar” o bien a registrarse como contendientes con “x” o “y” partido. El siguiente nivel es la violencia física, como desgraciadamente hemos atestiguado en estos meses.

Durante las campañas suelen registrarse actos de violencia —letal o no— a candidaturas. Por ejemplo, en una elección reciente en Valle de Bravo, Edomex, la candidata que lideraba las encuestas —deportista multipremiada y popular— fue secuestrada y liberada durante la campaña, optando por declinar informalmente dejando al partido sin candidatura asegurando el triunfo para su oponente. Sin que existan datos para el caso mexicano, es interesante un estudio en Colombia en donde se ha observado que los actos de violencia física suelen ser precedidos por un incremento en ataques y amenazas en redes sociales a manera de prevención por parte de la delincuencia.

Por último, la violencia puede estar presente durante la jornada electoral en la forma de intimidación para generar abstencionismo o, bien, para forzar acudir a votar por alguna candidatura o partido en específico.

A pesar de no ser responsable de combatir la violencia, el INE es el principal interesado en que las instituciones del Gobierno tomen las medidas necesarias para permitir el despliegue de las actividades de organización, las campañas electorales y la jornada. Lamentablemente, la Fisel ha renunciado a ser una fiscalía activa en éste y otros temas, por lo que no parecería factible esperar algo de esta instancia. La violencia es real y tiene el potencial de descarrilar el proceso electoral. El tiempo para tomar medidas para prevenirla se agota.