Asfixiar al INE

La señal natural que hace una persona, cuando se atraganta, es tomarse el cuello con ambas manos. Cuando no puede hacerlo o no se da a entender, uno debe de notar ciertas señales evidentes: su incapacidad para hablar, su dificultad para respirar, tos, piel pálida y de color azulado, y pérdida del conocimiento. Algo similar sucede con las instituciones, en especial los órganos que no dependen del Poder Ejecutivo, cuando sufren de asfixia, en este caso, presupuestal. Uno de los principios rectores de este sexenio, lo sabemos, es la austeridad, pero en el caso de órganos constitucionales autónomos, como el INE, dicha austeridad se ha convertido en una estrategia de choque.

En agosto, el INE realizó la Consulta Popular sobre el juicio a los expresidentes sin un presupuesto asignado para este fin. Poco ha importado el resultado de la misma, primero, porque no consiguió carácter de vinculante y, segundo, porque la estrategia utilizada por el partido oficial fue descalificar al árbitro electoral por no colocar el número suficiente de casillas y no difundir suficientemente este ejercicio, cuando fueron ellos mismos los que decidieron limitar la difusión de la consulta y no aprobaron el presupuesto suficiente para colocar un número de casillas similar al de la elección intermedia.

Contrario a la Ley de Consulta Popular, la Ley de Revocación de Mandato sí prevé la obligatoriedad de instalar el mismo número de casillas que en la elección anterior. Esto se complica por la organización de elecciones locales que significan, a su vez, la erogación de recursos por parte del INE, pues tiene la competencia de capacitar a funcionarios electorales, colocar casillas y fiscalizar. Igual que con la Consulta, la Cámara de Diputados no aprobó presupuesto extra (es más, lo redujo en 2,300 MDP) para la realización de la revocación de mandato, por lo que su organización, en los términos establecidos por la Ley, se antoja imposible y su no realización, de reunirse las firmas suficientes, es ilegal.

Este impasse entre el INE y el Ejecutivo y su partido, revela, por una parte, el desprecio del oficialismo por las agencias autónomas y, por otra, su intención de provocar un ejercicio fallido para asfixiar a una de las instituciones que ha construido la democracia en este país. Pero este evento también muestra lo distorsionada que es nuestra realidad, porque en un ejercicio normal, no sería el Presidente el que impulsa la realización de una revocación de mandato, sería la oposición la que, desde la Cámara de Diputados, debería de gestionar los recursos para la realización de este ejercicio. Esto es una lección a futuro, porque si ahora que hay la voluntad del Ejecutivo y de su partido existe una tensión importante, en un escenario a futuro, en donde no estén de acuerdo con la revocación de mandato, la situación puede tornarse realmente inestable.