Guerra contra el futuro

Para algunos juristas la Constitución es como un freno, mientras que el electorado es como un caballo desbocado (Holmes). El Estado mexicano ha madurado en su Constitución el fortalecimiento de la separación y división de poderes, en la construcción de autonomías que escapan del dominio de los poderes de la Unión.

Pero para los demócratas radicales no deberíamos dejarnos esclavizar por “ciertos caballeros ya difuntos que no pudieron visualizar nuestras circunstancias actuales” (Shapiro). Éste es un antagonismo que ha sido reforzado durante la Cuarta Transformación: la democracia es una guerra contra el pasado (Paine). Pero este enfrentamiento puede tener elevados costos en el futuro.

La reforma electoral anticipada por el Presidente es muestra de ello. Desde la perspectiva presidencial el principal problema del INE y el TEPJF son las personas que los dirigen. Por ello propuso una modificación en la selección de sus cargos directivos. El mecanismo sugerido es que los Poderes de la Unión propongan, cada uno, a 20 personas, para que, posteriormente, los 60 propuestos sean elegidos por medio de votaciones populares.

El mecanismo de selección actual, por ejemplo, de los Consejeros Electorales del INE, tiene por supuesto que sus miembros tienen preferencias distintas entre sí, determinadas tanto por su ideología como por consideraciones estratégicas de supervivencia política y profesional (Gou, Ascencio, Sánchez). Lo que se busca no es la representación del pueblo, como en la Cámara de Diputados, sino la conformación de un cónclave consensuado por dos tercios de la misma Cámara. Por lo anterior, la selección actual, además de pasar por una evaluación técnica, depende de una negociación entre estas fuerzas para conformarlo.

Con la nueva propuesta, se abre la puerta a que el Ejecutivo proponga a veinte personas, sumadas a las que logre colocar su partido en la selección del Legislativo. Con lo anterior, los candidatos propuestos por el partido en el Gobierno podrían acercarse al 50% de las candidaturas. Por lo tanto, la probabilidad de que sea electo un candidato, preferido por el Gobierno en turno, sería más alta que para los demás. Por otra parte, someter la conformación del cónclave a elección popular condiciona las discrepancias de sus miembros, porque la fortaleza electoral del partido en el Gobierno podría transmutarse en la preferencia por sus propios candidatos a ocupar el Pleno del INE o el Tribunal, con lo cual la probabilidad de que el órgano electoral esté ocupado por más miembros inclinados al partido en el Gobierno es mayor que para el resto.

Sumado a ello, el problema de esta propuesta es que propone un mecanismo mayoritario para ocupar el órgano que vigila la captación y procesamiento de las preferencias electorales, y el tribunal que vigila el cumplimiento de dichas acciones ante impugnaciones, cuando la lógica de éstos no tiene que ver con lo que desea la mayoría, sino con realizar, proteger y tutelar lo que deseó ex ante para proteger el futuro.