Mira cómo estoy temblando

A partir de la reforma estructural en materia energética de Peña Nieto, de 2013, se modificó la estructura del mercado eléctrico, y este último dejó de estar centralizado y controlado por la CFE, para dar paso a un mercado competitivo en donde la demanda y la oferta rigen el sistema. La estructura después de la reforma permitió que la generación de energía dejara de ser un servicio público y se liberará a la competencia, mismo caso que el de la comercialización. A su vez, se mantuvo como área estratégica y bajo la titularidad del Estado, la transmisión y la distribución con la posibilidad de celebrar contratos con particulares.

Este cambio estructural modificó la estructura orgánica y reorganizó la CFE, la cual se dividió en subsidiarias con personalidad jurídica y patrimonio propio, enfocadas en los segmentos del mercado y en Filiales: CFE Calificados, Intermediación de Contratos Legados, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. De esta forma se buscaba ordenar esta empresa productiva del Estado mexicano encargada de generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país y prepararla para participar en un mercado de libre competencia.

La reforma produjo un mercado boyante, sobre todo en el sector de generación de energía, en el cual muchas empresas construyeron sus propias plantas. Sin embargo, con la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, el mercado eléctrico resultó severamente afectado y paralizado. De forma general, la modificación busca que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) priorice la electricidad producida por la CFE, sobre la de productores privados. Esta situación, sumada al hecho de que la transmisión y distribución de electricidad es exclusiva del Estado, ha distorsionado la industria y ha generado problemas entre la CRE y el Gobierno federal, pero también con empresas como Iberdrola y gobiernos extranjeros. Hay fuego cruzado.

Sumado a ello, en un contexto en donde la temperatura de las relaciones entre México y Estados Unidos se han elevado, a partir de la reciente reunión del Presidente López Obrador y Biden, la titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, señaló que la actual política energética de México está violando los acuerdos alcanzados en el T-MEC, al tratar de manera preferencial a la CFE, en perjuicio de las empresas estadounidenses o la negación de permisos para que estas empresas participen en el mercado.

Frente a la presión que enfrenta el Gobierno federal por su actual política, tanto por el órgano regulador, como por empresas extranjeras y, ahora los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, iniciará un proceso no contencioso de consultas, para poder llegar a una solución. Sin embargo, el riesgo de no llegar a un acuerdo que resuelva la controversia, puede resultar en el incremento de barreras para exportadores de energía mexicanos en territorios de nuestros socios comerciales, multas y, finalmente, un mercado energético paralizado.