Crónica de una legislación al vapor

La Cámara de Senadores quiere hacer una de las suyas, pero esta vez en un tema de la mayor relevancia y en contracorriente respecto de lo que pasa en el resto del mundo: imponer barreras para el acceso a contenidos audiovisuales a través de Internet.

Los legisladores traen entre manos la idea de establecer un arancel a la adquisición de cualquier tipo de dispositivo —fijo o móvil— que cuente con funcionalidades de almacenamiento y/o de reproducción de contenido audiovisual, imponiendo para ello la obligación a los fabricantes o distribuidores de dichos equipos de pagar una cuota por la venta respectiva en favor de titulares de derechos patrimoniales de autor por la copia o reproducción de sus obras, lo que en el argot legislativo se le conoce con remuneración compensatoria.

Más allá del desconocimiento que muestra sobre el tema la Comisión de Economía de dicha Cámara, hay que añadirle también el nulo conocimiento que se tiene respecto de los compromisos formales que hemos adquirido con otros países a través de la celebración de tratados internacionales, los cuales, por cierto, dentro de la jerarquía normativa mexicana, ocupan un lugar de prelación respecto de leyes federales o locales, estando sólo por debajo de lo que consagra la propia Constitución.

Y sobre esto mismo, inclusive, ya se ha pronunciado formalmente la Secretaría de Economía de nuestro país, la cual desde el año 2021 emitió a la Cámara de Diputados la Opinión Legislativa No. 206 en la que en su parte medular señala que la intención de establecer una remuneración compensatoria en la Ley Federal del Derecho de Autor implica una carga adicional para fabricantes, importadores y comercializadores de equipos, lo que necesariamente impactará negativamente en su acceso al mercado y en los precios en que dichos equipos o productos serán ofrecidos a los consumidores, además de que de materializarse la reforma legislativa en los términos pretendidos, se estarían violando los compromisos que México adquirió con EU y con Canadá a través del T-MEC.

Éste no es un tema menor dado que podría tener 2 posibles consecuencias, ambas a todas luces indeseables y con efectos negativos por donde se vea: 1.- la imposición de barreras a la comercialización de todo tipo de aparatos o dispositivos y alejándonos aún más del propósito presidencial de abatir la brecha de conectividad existente en México, y 2.- la violación de instrumentos jurídicos internacionales formalmente celebrados por nuestro país y ratificados precisamente por el Senado mexicano, situación que podría ser reclamada por nuestros socios comerciales a través de paneles en los que ciertamente no terminaremos bien parados.

Esperemos que en este caso particular haya un análisis exhaustivo del tema y una profunda reflexión respecto de los efectos negativos que provocará la adopción al vapor de una reforma legal sin sentido y que sólo pretende un beneficio para un pequeño sector del sistema productivo en México sin importar las consecuencias para el resto de la población.