La estrategia judicial hacia 2021

Desde hace unas semanas, tanto el presidente como la oposición dieron un informal banderazo de salida al proceso electoral de 2021.

Entendiendo que la emergencia por la pandemia por el Covid-19, los récords casi diarios de contagios y de muertes, se han convertido en nuestra nueva normalidad, la clase política parece haber salido de la parálisis en la que se mantuvo unos meses para empezar a trabajar con miras al proceso electoral intermedio más grande de la historia de México.

Del lado del gobierno, siempre ha sido claro que todas las acciones, decisiones y mensajes que el presidente López Obrador comunica, siguen una lógica electoral. La importancia de las elecciones del próximo año, así lo amerita. Hoy, a esa lógica parecen sumarse ya, de lleno, las acciones judiciales que tendrán un altísimo impacto en el panorama político nacional del próximo año.

El contundente triunfo de AMLO en la elección de 2018 se debió, en parte al menos, a un hartazgo generalizado en la sociedad hacia una clase política en la que se percibió niveles de corrupción e impunidad indignantes, que llevaron a muchos electores a darle un voto de confianza a un candidato que, en procesos anteriores, no les había convencido.

Porque hoy, si la inseguridad sigue fuera de control y la economía no tiene un buen panorama, López Obrador y su equipo saben que, llevando ante la justicia a exfuncionarios señalados por corrupción, pueden llegar a 2021 con una de sus principales expectativas cumplidas.

En política, no hay coincidencias. Por eso, los anuncios en los últimos días de la detención, en Estados Unidos, del exgobernador de Chihuahua Cesar Duarte y la negociación con el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, para que éste aceptara su extradición de España a México, deben entenderse como parte de la estrategia con la que el gobierno abordará las elecciones del próximo año.

Porque, diferencia de otras agendas, en este rubro hay consenso entre la sociedad. No hay nadie que se oponga a llevar ante la justicia a quien pueda demostrársele actos de corrupción. Y esto, además, sirve para recordarle al electorado los negativos de los partidos de oposición al presidente.

Pero al parecer, esta es sólo la punta de un iceberg que AMLO quiere ir descubriendo, poco a poco, hasta 2021. En su conferencia matutina del pasado martes, dejó en claro que la extradición de Lozoya persigue un objetivo mucho más profundo que hacer justicia contra el exfuncionario: busca, sí, descubrir la estructura de corrupción del gobierno pasado, pero también, conocer a fondo la historia y el papel que muchos actores políticos aún vigentes jugaron en la aprobación de la Reforma Energética.

Así, parece que esta será una de las historias más relevantes de os próximos tiempos. Y sería lógico esperar que, conforme se acerque más la jornada electoral de 2021, sean más los señalamientos, las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios federales, incluso hasta llegar al expresidente Enrique Peña Nieto.

Del lado de la oposición, será importante que no muerdan el anzuelo. Porque si hay un tema que mantiene el respaldo ciudadano en el discurso presidencial, es la lucha contra la corrupción. Y el presidente tratará de colocarlos como los defensores los defensores de los corruptos.