Lawfare: el poder presidencial contra los jueces

En los últimos días, en varios países de Latinoamérica se ha reavivado la discusión sobre las prácticas de Lawfare. Lo mismo en Argentina, Brasil o México, hemos visto que el poder político dominante ha tomado control, directa o indirectamente, sobre la justicia. A esta práctica indeseable se le conoce como Lawfare.

Técnicamente, describe “un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo”; fue utilizado por vez primera en 1999 en el libro de estrategia militar Unrestricted Warfare.

Dicho de otra manera, el Lawfare es el concepto que utilizamos para nombrar a la política que “judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”. Para ello, se han detectado cuatro características que acompañan a esta patología democrática; la primera es el timing, que señala que el tiempo en el que se activa el proceso judicial corresponde “coincide” con momentos de tensión social y que, casualmente, puede reportar beneficios —electorales, de gestión o de popularidad— al gobierno en turno.

La segunda es el doble rasero de la ley, en el que se persigue a los enemigos o actores políticos que representan un contrapeso importante a los mandatarios; mientras que a otros actores, peligrosos para la sociedad, pero inocuos para el poder, se les deja libres u obtienen condiciones de colaboración y un trato judicial privilegiado.

La tercera característica es la reorganización del aparato judicial; se manifiesta en el “rediseño” de las cortes, el posicionamiento de incondicionales en puestos clave, la remoción de los jueces independientes e incluso, la presión a los gremios de abogados.

Finalmente, todo este asedio debe hacerse con la mayor visibilidad y sonoridad posibles; para ello, los medios de comunicación funcionan como máquinas de propaganda para magnificar e invisibilizar los casos según convenga al gobierno correspondiente.

En Latinoamérica, el Lawfare es una plaga que ha azotado a la región por años. Los casos más sonoros han sido los de Rafael Correa —en Ecuador—, Cristina Kirchner, en Argentina; Lula da Silva, en Brasil. Todos ellos tuvieron procesos judiciales “de Estado” cuyas sentencias se revirtieron conforme se ajustaron los tiempos políticos.

Lo de Lula es, simplemente, inverosímil; en 2018, el ministro Fachin le negó un habeas corpus; el mismo ministro acaba de anular el proceso por irregular.

El Lawfare es un arma que utilizan los gobiernos para minar la separación de poderes, el acceso a la justicia y las reglas del juego democrático. Visto así, como ha señalado Roberto Gargarella, los ciudadanos debemos señalar y oponernos a su uso, dado que es un ataque del gobierno en contra de toda la sociedad pues, aunque no seamos el objetivo, nuestros derechos morales, jurídicos y constitucionales están en riesgo.