10 Años

La deformación de algunos de nuestros servidores públicos, junto con algunos otros elementos, nos llevaron a niveles impensables de corrupción, configurados en gran medida en la nociva relación entre los integrantes del sector público y el sector privado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador narra con frecuencia un encuentro que sostuvo con un migrante poblano en San Quintín, Baja California, en el cual, el trabajador le sugirió que en caso de ser Presidente de México buscara separar al poder económico del poder político.

¿A alguien le queda duda de que esa separación es necesaria? Uno de los grandes problemas de nuestro país nace de esa relación. Ejemplos del control que sobre las autoridades tienen algunos integrantes del sector privado sobran.

El papel que el sector privado juega en la construcción del proyecto de país es fundamental. La inversión privada genera derrama económica y empleos, altamente necesarios para garantizar oportunidades para la población. Sin embargo, la corrupción y el tráfico de influencias que se generó en el seno de la relación entre el sector público y privado colocaron a nuestro país en una situación de enorme gravedad, caracterizada por una tremenda desigualdad, donde unos cuantos lo tienen todo y la gran mayoría, muy poco o nada.

Con relación a esto, en días pasados fue aprobada la Ley de Austeridad Republicana, que en su artículo 24 enuncia que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, es decir, los funcionarios de la alta burocracia, al separarse de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su encargo público, salvo que hayan transcurrido 10 años.

A algunos críticos les resulta exagerada la medida. En mi caso, considero que es una de tantas estrategias que debemos seguir para terminar con la corrupción que tanto ha deteriorado a nuestro país, despejando cualquier posibilidad de conflicto de interés. La aprobación de esta restricción pone a México como uno de los países con medidas más estrictas para la contratación de exservidores públicos en el sector privado. Lo más valioso me parece es que, en el intento por combatir a la corrupción, se emprenden acciones relevantes dentro del sector público, demostrando que cada sector deberá tomar cartas en el asunto para terminar con tan dañina condición.

La relación entre sectores no sólo es productiva, sino necesaria, siempre y cuando se desenvuelva en un marco de transparencia, respeto y honestidad, con límites claros y definidos; es decir, todos juntos por un México de bienestar, pero no revueltos. No creo, como algunos especulan, que el nivel de los servidores públicos decrezca por ello o una vez que concluyan su encargo se vean desempleados.

El principal incentivo para participar en el sector público debe ser la vocación de servir, no más el influyentismo o los privilegios que de esa posición podrían obtenerse en contubernio con actores de otros sectores. La restricción obliga a los servidores públicos a especializarse, a emplearse a fondo en su labor y a buscar dignificar al servicio público, a través de servir.