Aterra el narco a la capital de Sinaloa

La captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera, ayer en Culiacán, convirtió a la capital de Sinaloa en un verdadero campo de guerra, en el que grupos armados del cártel fundado por su padre, desataron balaceras, incendiaron vehículos, bloquearon calles y avenidas; durante más de cuatro horas mantuvieron aterrorizadas a la población y propiciaron la fuga de al menos una veintena de personas del penal de Aguaruto, en la más absoluta impunidad, con un saldo de varios muertos, cuyo número se desconocía anoche.

Mientras los culichis permanecían encerrados en sus hogares, presos de pánico y crisis nerviosas, los integrantes del gabinete de seguridad  reunidos en espera de toda la información de lo sucedido empezaban a dar cuenta de ella, en medio de un generalizado clamor ciudadano en todo el país: “¡basta ya de tanta violencia!”

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Si los empresarios siguen sin invertir ante la incertidumbre que priva en un país con crecimiento económico cero, menos lo harán ante las casi diarias andanadas del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que “siempre se han prestado al juego de la corrupción” y tienen “doble chaqueta” porque “tienen intereses políticos, pertenecen a partidos políticos” y “no les gustan que haya cambios”.

En respuesta, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, el único dirigente del sector privado que le ha hecho frente, rechazó sus “falsas y temerarias afirmaciones” que imputó a ese sector de ser “complaciente y estar a favor de las empresas que emiten facturas falsas” y lo instó a “conducirse  con apego a la verdad, observar una conducta tolerante y propia de toda democracia”.

Después de casi tres meses de haber sido aprobada por el Congreso de Baja California de mayoría morenista y de desatar una polémica nacional por la ampliación de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, la administración panista de ese estado publicó ayer en su Periódico Oficial la “Ley Bonilla”.

Con ello concluyó una  etapa de críticas contra esa flagrante violación a la Constitución local y a la Carta Magna y comienza otra de impugnaciones que se prevé sean presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se espera que, en su momento, la declare inconstitucional, y el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, que tomará posesión el 1 de noviembre, desempeñe su cargo por los dos años para los que fue electo el 2 de junio pasado.

Si el actual mandatario, Francisco Vega de Lamadrid, cumple su palabra, será el primero en impugnar la modificación aprobada el 23 de julio por los diputados de Morena que conforman la bancada de mayoría en el Congreso de Baja California.