La educación superior y el nuevo artículo tercero constitucional

La reforma más reciente al artículo tercero de la Constitución es, sin duda, uno de los puntales de la Cuarta Transformación. Si comparamos el artículo tercero anterior con el actual, podremos percatarnos de que la diferencia en el enfoque, en los conceptos y en la finalidad, supone un genuino cambio de paradigma.

No pretendo agotar en este artículo todos los temas relevantes en torno al nuevo artículo tercero. Me limitaré a comentar el asunto de la educación superior.

El primer párrafo del nuevo artículo tercero dice:

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo”.

Observe que el artículo declara que el Estado impartirá y garantizará la educación superior y que, en los términos de la fracción X, dicha educación superior será obligatoria. Esto es nuevo. Nunca antes se le había dado a la educación superior este carácter. Veamos ahora en qué consiste la citada fracción X:

“X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.

Las autoridades federales y locales son quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la obligatoriedad de la educación superior por medio de un conjunto de políticas públicas. Es importante señalar que nada de esto afecta a la autonomía de las universidades públicas. Leamos la fracción VII del artículo:

“VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.

[caption id="attachment_936655" align="alignnone" width="696"] Estudiantes frente a la Biblioteca Central de la UNAM, en septiembre pasado. Foto: Cuartoscuro[/caption]

En resumen: la educación superior ya es un derecho de los mexicanos. Eso significa que el Estado está obligado por la ley a ofrecer las condiciones para que todos y cada uno de los mexicanos pueda realizar ese tipo de estudios. El reto es enorme.

“En resumen: la educación superior ya es un derecho de los mexicanos. Eso significa que el Estado está obligado por la ley a ofrecer las condiciones para que todos y cada uno de los mexicanos pueda realizar ese tipo de estudios. El reto es enorme”

México es el país de la OECD con menor cobertura educativa a nivel superior. Esto no es una casualidad. En sexenios anteriores se apostó por contener el crecimiento de la matrícula de las universidades públicas. Por una parte, se trataba de fomentar el desarrollo de las universidades privadas, que se encargarían de ofrecer un servicio de acuerdo con las reglas del mercado. Por otra parte, se buscaba tener mayor control político de las universidades públicas. Una de las estrategias de esta política fue la domesticación de los académicos por medio de los programas de estímulos a la productividad. La estrategia era sencilla: primero se les reducía brutalmente el salario y luego se les ofrecía un programa de sobresueldo, diseñado con criterios eficientistas, cuantitativos y asépticos.

El Legislativo ha redactado la ley suprema, ahora le toca al Ejecutivo responder. En pocos meses se han tomado medidas concretas para incrementar la oferta educativa a nivel superior. En las Universidades para el Bienestar Benito Juárez ya hay 7,500 alumnos. El Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos del gobierno de la Ciudad de México abrirá el próximo ciclo escolar con 4,000 alumnos.

Se puede criticar lo precipitado de estos proyectos, pero para ser justos, hay que conceder que la demanda de educación superior no puede tomarse con calma. El tiempo de los jóvenes vale oro. Ellos necesitan acceder a la educación hoy, no mañana y, mucho menos, pasado mañana.

“Las autoridades federales y locales son quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la obligatoriedad de la educación superior por medio de un conjunto de políticas públicas. Es importante señalar que nada de esto afecta a la autonomía de las universidades públicas”

Lo que ahora sigue en el Congreso es la elaboración de una nueva Ley General de Educación Superior. En la discusión de esta ley se pondrán sobre la mesa los problemas a los que se enfrentará el Estado, para cumplir con la obligatoriedad de la educación superior.