Los 4 Trribles pecados de Interjet
El viernes cayó otro clavo en el ataúd de la aerolínea de Miguel Alemán Velasco: el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX condenó a Grupo Coral y a Miguel Alemán Magnani a pagar 624 mdp como pena convencional a Televisa por incumplir contrato de compra del 50% de Radiópolis, sumándose a deudas que se estima superarían los 10 mmdp, tres veces lo esperado en la rifa del avión presidencial.
Ello se puede explicar por “cuatro pecados” políticos y de negocios. 1) Influyentismo: desde el inicio de la dinastía Alemán ello permitió atajar la acción de gobierno, especialmente durante el sexenio de Enrique Peña en el cual la aerolínea registró “contribuciones pendientes de pago” por 4,400 mdp sin que Luis Videgaray o José Antonio Meade dijeran pío. Según nos cuentan fuentes de la SCT, de Javier Jiménez Espriú, Interjet adeuda cerca de 3,600 mdp (más recargos y moratorios) por turbosina, uso del espacio aéreo, TUA e impuestos migratorios.
2) Inexperiencia: la compra de aviones rusos defectuosos contribuyó a la crisis, caída del servicio y afectación a empleados; 3) Soberbia: en vez de usar su vasta herencia en saldar deudas, Alemán mostró actitudes de superioridad para no saldar, intentar engañar a los accionistas de Televisa, apelando a vínculos de amistad… y presumir que contaban con la protección de AMLO por viejos favores. La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tendrá que derribar con hechos esa falsedad, y 4) Egocentrismo: para grupo Coral lo relevante son sus propios intereses; no importa que el Estado pierda dinero, que la industria aérea entre en crisis o incumplir contratos. Lo que importa es el empresario rico no la empresa pobre. Pero todo pecado tiene una expiación… como la primera caución que debe pagar a Televisa.
Registro Nacional de Tercerizadores. El Parlamento Abierto que concluyen esta semana en el Senado para elaborar un nuevo marco regulatorio para las empresas de outsourcing, incluye un Registro Nacional ante la STPS, de Luisa María Alcalde, confluyendo con la información del IMSS, de Zoé Robledo, y la SHCP, de Arturo Herrera. Se trata de una herramienta depuradora, construida junto con el CCE, que encabeza Carlos Salazar, para diferenciar el outsourcing legal del ilegal. Los borradores muestran que prácticamente se borró la propuesta de Napoleón Gómez Urrutia. Por eso anda tan enojado el líder minero.
Ven coronavirus y no se hincan. Como en cámara lenta, la Oficialía Mayor de Hacienda, que lleva Thalía Lagunas, sigue la compra uno-a-uno y por asignación directa de las miles de claves médicas que no pudo adquirir en la subasta consolidada. Con calma y sin percibir dos asuntos: el eventual colapso de los sistemas públicos de salud por falta de medicamentos, y que se puede agravar si se descontrola el brote de coronavirus. Y que esa negociación “en corto” facilita prácticas monopólicas, como las detectadas en la indagatoria DE-011-2016 del llamado “Cártel de la Sangre” (Falcon, de Alejandro Bolín, Impromed, de Fernando Chaín; Centrum, de Valentín Campos; Hemocer, de Ignacio Higareda y Dicipa de Francisco Pallach), pues ya saben cómo acordar precios de venta.