Sufragio efectivo, no reelección

Bajo la consigna de poder competir en elecciones libres y justas y gobernar por un solo periodo de gobierno previamente definido, Francisco I. Madero comenzó su campaña electoral en 1910 para disputarle la presidencia a Porfirio Díaz, quien había permanecido en el poder por más de treinta años, con lo que dio inicio la Revolución Mexicana.

Tras la conclusión del conflicto armado, todo periodo de gobierno de quienes han resultado electos para ocupar el Poder Ejecutivo a nivel federal y local ha estado enmarcado por la máxima revolucionaria de la no reelección.

Este principio quedó tan arraigado en nuestro sistema político, que por décadas impidió cualquier discusión que osara trastocarlo. Y, si bien a nivel municipal sí era posible repetir en el cargo —aunque no en periodos inmediatos—, fue hasta la reforma político-electoral de 2014 en que finalmente se abrió la puerta a la reelección consecutiva legislativa y en las presidencias municipales, sin que nada cambiara respecto a los mandatos de gobierno del Presidente de la República y los gobernadores.

De forma contraria, diversos Congresos estatales han optado por ajustar —de forma transitoria y previo a que se lleven a cabo elecciones— la duración de sus propias legislaturas y gobiernos, para hacer coincidir sus respectivos calendarios electorales con el federal, en aras de mayor eficiencia administrativa y en el ejercicio de recursos. Éste ha sido el motivo por el que recientemente se han presentado gubernaturas de menos de seis años en Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

En junio pasado se llevaron a cabo elecciones en Baja California, en las cuales resultó electo como gobernador el morenista Jaime Bonilla para un periodo de gobierno transitoriamente menor. Sin embargo, un mes después de los comicios, el Congreso local saliente —con mayoría panista, en su momento— aprobó una reforma constitucional que amplía el mandato del gobernador entrante de dos a cinco años, lo que ha generado un escándalo a nivel nacional y ha provocado todo tipo de suspicacias.

Mientras que los legisladores locales sostienen que la modificación aprobada no trastoca la Constitución al no rebasar los seis años de gobierno, el rechazo ha sido generalizado tanto de la ciudadanía bajacaliforniana como por parte de autoridades electorales, legisladores federales y funcionarios de todos niveles, pues se ha tomado como una afrenta directa al principio de no reelección que posibilitaría a cualquier legislatura modificar sobre la marcha los periodos de gobierno previamente establecidos y por los que la ciudadanía votó en las urnas.

Al momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya rechazó dos controversias constitucionales presentadas en contra de la medida, pues la reforma aún no ha sido publicada en el periódico oficial local. Una vez que esto suceda, el máximo tribunal del país deberá dirimir el asunto. Mientras tanto, no es casualidad que el día de ayer López Obrador firmara nuevamente —esta vez ante notario público— el compromiso de respetar el periodo de gobierno por el que resultó electo, pues coquetear con la reelección resulta muy delicado.