Crean hashtag

Exigen en redes que se aplique la Ley Olimpia en filtración de video íntimo de Gabriel Soto

Usuarios mostraron su apoyo al actor ; la Ley Olimpia tipifica como delito la difusión de contenido sexual en Internet sin consentimiento de la otra persona

Gabriel Soto
Gabriel SotoFoto: Especial
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El actor Gabriel Soto está en medio de la polémica, luego de que se filtró un video sexual de él. Los usuarios de Internet dividieron opiniones con respecto a este hecho y decidieron mostrarle su apoyo exigiendo que se aplique la Ley Olimpia.

Mientras algunos cibernautas comenzaron a pedir que circularan el video del actor, otros más se manifestaron en contra de ello y aseguraron que se trata de una violación a la privacidad de Gabriel Soto.

Los internautas volvieron tendencia el hashtag #LeyOlimpia para exigir que se aplique esta ley en el caso de Gabriel Soto, ya que tipifica como delito la difusión de contenido sexual en plataformas de internet y redes sociales, sin el consentimiento de la otra persona. 

La “Ley Olimpia”, que surgió a raíz de que se difundió, sin permiso, un video sexual de una mujer en Puebla. “El logro de esta ley descansa en dos vertientes: en la protección específica contra la violencia digital; y segundo, en ser un paso más en la regulación de actividades que se desarrollan en el ciberespacio particularmente lo que se refiere a las distintas formas de manifestación de violencia digital”, señaló la especialista de la Universidad La Salle, Alma Guadarrama.

“Todos tenemos derecho a que se respete nuestra intimidad, aún si se trata de una figura pública”, “Ahora también es momento de que no se nos olvide Ley Olimpia esto es para todos”, y “Reproducir, difundir, compartir, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de Gabriel Soto es un DELITO contemplado y sancionado por la legislación penal”, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas escribieron en las redes sociales. 

La “Ley Olimpia” ha sido aprobada en 24 entidades de la república con penas que van de los 6 meses a 8 años de prisión, según el Código Penal de cada estado en el que se aprobó.