El gobierno federal otorgó a la Ciudad de México 450 millones 492 mil 695 pesos para fortalecer a la policía y combatir la inseguridad en las 16 demarcaciones.
Estos recursos provienen del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) que para este ejercicio fiscal ascendió a 7 mil millones de pesos para todos los estados de la república.
El acuerdo fue publicado ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y fue suscrito por Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Finanzas, Édgar Amador.
Como parte del acuerdo, la Ciudad de México debe de aportar el 25 por ciento de del total de recursos otorgados, lo que representa la cantidad de 112 millones 623 mil 674 pesos, a fin de completar los recursos necesarios para llevar a cabo las metas planteadas.
El objetivo es continuar con la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario.
Además, el fortalecimiento de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS), los Centros de Justicia para las Mujeres, la certificación policial y los sistemas de radiocomunicación y videovigilancia pública y avanzar en la consolidación del Número de Atención de Llamadas de Emergencia 911.
En enero la Secretaría de Gobernación y los 32 estados de la República acordaron impulsar la homologación de Unidades de Policía Cibernética y de Seguridad Procesal en las entidades federativas.
Del mismo modo, se acordó realizar mejoras y procesos de simplificación administrativa que permitan a las entidades federativas ejercer el apoyo federal de manera ágil, oportuna y eficiente en beneficio de la sociedad.
Desde entonces los estados cuentan con un sistema de seguimiento que permite conocer en tiempo real el estatus de los recursos federales asignados con el fin de conocer los parámetros en los que se han ejercido.
Lo anterior permitirá evitar subejercicios y a su vez simplificará los procesos administrativos para hacer más eficiente y responsable el uso de los recursos federales en materia de seguridad pública.