La directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales, consideró que la violencia económica que sufren, al menos, dos de cada 10 mujeres en la Ciudad de México, no sólo les impide tener recursos para salir de sus hogares y denunciar los abusos, también es la entrada para otras agresiones.
Aunque esta forma de agresión está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), la activista sostuvo que aún es la más invisibilizada por la ley y por el Estado.
- El Dato: El Código Penal local, establece en su artículo 200 una sanción de entre uno y seis años de prisión a quien resulte responsable del delito de violencia familiar.
Esa falta de reconocimiento también se refleja en la atención que brindan los refugios, ya que tres de cada 10 mujeres que acuden a la RNR para salir de situaciones de violencia han sufrido alguna agresión económica.
“La violencia económica tiene el objetivo de controlar, de mermar la autonomía, de cortar las alas de las mujeres, y la forma en que se hace, pues va a depender justo de los recursos que tienen las mujeres, ya sean profesionistas o mujeres precarizadas”, dijo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuatro de cada 10 mujeres violentadas económicamente son del grupo etario de 45 a 54 años; seguido de aquel de entre 35 y 44 años con tres casos, luego con dos de cada 10 los grupos de 15 a 24 años.
- 4 de cada 10 víctimas capitalinas registradas en 2021 tenían entre 45 y 54 años
Figueroa Morales afirmó que el nivel educativo tampoco funciona como protección y la Endireh 2021 respalda lo que dice, ya que 28.8 por ciento de las víctimas no completó ningún nivel escolar, 29 por ciento tenía la básica incompleta, 26.3 por ciento la concluyó, 27.8 por ciento cursó nivel medio superior y 26.9 por ciento estudios superiores.
“El caso más reciente de la Red es el de una mujer que tiene estudios e incluso un doctorado y recursos económicos. Su expareja sacó un crédito a su nombre con una firma falsa, no lo pagó y ahora está hipotecada. Son casos donde ni los estudios ni el nivel económico defienden la violencia machista y la impunidad”, mencionó.
El estado civil tampoco es un factor de protección, pues tres de cada 10 estaban casadas o en unión libre, cinco separadas o divorciadas y dos eran solteras. Para la directora de la RNR muestra que “esta forma de control puede ejercerse dentro de una relación o fuera de ella”.
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Por ello, para organizaciones como la RNR es importante comenzar a visibilizarla como un problema que no se queda únicamente en “no tener para el gasto”.
“Se naturaliza. Se invisibiliza. El Estado no reconoce la violencia económica, desde que las mujeres van al Ministerio Público a denunciar y el agente les dice ‘está comida, está vestida, ¿no?’. Esto incrementa el riesgo para las mujeres”, puntualizó la activista.
Para Figueroa Morales y su organización, una de las causas por las que se invisibiliza la violencia económica es que no deja marcas visibles como moretones o huesos rotos, pero sí daños profundos que muchas mujeres enfrentan aisladas, sin red de apoyo y con escasas rutas de acceso a la justicia.
“Las mujeres violentadas económicamente viven con ansiedad, con estrés crónico, con miedo constante. Esa angustia también es violencia y también destruye proyectos de vida”, sostuvo.
La especialista agregó que esta violencia se agrava cuando las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, no remunerado y sin reconocimiento institucional.
“Se empobrece a las mujeres porque su trabajo se considera natural y gratuito, y ese empobrecimiento estructural sostiene múltiples formas de violencia”, señaló.
Una preocupación grande para la RNR es que muy pocas mujeres saben identificar y alejarse de situaciones de violencia económica que vienen de parejas o familiares, y detalló que las banderas rojas básicas son si el agresor decide cómo, cuándo y en qué se gasta.
También si revisa o cuestiona las compras, exige dar permiso para gastos básicos, el dinero lo condiciona mensualmente, sabotea entrevistas, se burla de los proyectos o dice que ganas poco.
“Otra de las cuestiones que hemos visto es que impide que las mujeres accedan a sus cuentas bancarias, o se apropia de tus bienes o tus ahorros, presionan a las mujeres con firmar préstamos que él usa, que jamás ellas lo ven”, aclaró la directora de RNR.
La RNR ha identificado que hay muchas mujeres que no tienen recursos ni siquiera para llegar a la fiscalía, porque no tienen el recurso para movilizarse, lo que para ella “es una señal clara de que esto lleva a más desigualdad”.
“Nos ha tocado mujeres que nos hablan a la línea de atención telefónica y dicen ‘no me puedo salir porque no tengo ni un peso’. En cuanto logran contactarse con nosotras, hacemos la estrategia de poder ir por ellas y tenemos que hacerles un retiro en efectivo porque no tienen nada de nada”, aclaró.
EL INICIO DE LOS ATAQUES. Figueroa Morales reconoció que la violencia económica, que “siempre viene de la mano de la violencia psicológica”, es el conducto para que las víctimas sufran violencias verbal, física o sexual.
“Es bien importante que reconozcamos que las mujeres que viven violencia económica suelen enfrentar también violencia psicológica, física y sexual. La violencia no viene sola, sino que son violencias cruzadas. Todavía seguimos teniendo mujeres de la tercera edad que nos dicen que sus esposos las obligan a tener relaciones sexuales y no nombran esto como violencia sexual”, dijo.
La directora de la RNR advirtió que sin políticas públicas integrales, con perspectiva de género y mecanismos de protección efectivos, la violencia económica y las demás seguirán sin nombrarse ni atenderse, “obligando a miles de mujeres a quedarse en relaciones que ponen en riesgo su vida”.
