La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia Calderón, reconoció que la violencia en las marchas ha aumentado y que, tras la manifestación de la autodenominada Generación Z, el pasado 15 de noviembre, se integraron 11 quejas por presuntas violaciones a derechos.
Al participar en una mesa de trabajo para el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, en el Congreso capitalino, la ombudsperson detalló que el organismo indaga cuáles son las probables violaciones a derechos humanos efectuadas en la protesta de hace un mes, en la que hubo enfrentamientos entre sujetos embozados y policías.
- 4.3 millones de pesos fue el daño estimado a comercios el 2 de octubre
“Respecto a la marcha específica del 15 de noviembre se integraron 11 quejas en las que se está haciendo la investigación de cuáles son las probables violaciones a los derechos humanos.
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“Creemos que es un momento complejo, si consideramos la marcha del 2 de octubre, y otras, quizá, han escalado las violencias dentro de los ámbitos de protesta”, mencionó la comisionada.
Las dos movilizaciones más grandes del último año en la Ciudad de México han estado marcadas por episodios de violencia: robos, daños causados por grupos de encapuchados, agresiones a civiles y policías —algunas que derivaron en hospitalizaciones— e incluso detenciones por tentativa de homicidio.
- 100 policías resultaron lesionados por las agresiones en marcha del 15N
Por un lado, la marcha del 2 de octubre reunió a cerca de 10 mil personas y estuvo atravesada por la violencia detonada por un grupo de alrededor de 300 encapuchados, quienes arrojaron piedras, palos y artefactos explosivos contra personal de acompañamiento y cuerpos de seguridad.
En ésta, también realizaron pintas y destrozos en inmuebles públicos, comercios y estaciones de Metro y Metrobús, así como en mobiliario urbano. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó mil 500 elementos, de los cuales 94 policías resultaron lesionados —tres en estado delicado—, además de 29 civiles atendidos en el lugar.
Sobre esta marcha, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó los hechos y acusó que los grupos encapuchados que atacaron a policías y periodistas buscaban provocar enfrentamientos para “construir una narrativa de represión”.
- El Dato: La Canaco de la ciudad informó en noviembre pasado que las marchas violentas generan gastos de protección que superan los mil 56 millones de pesos anuales.
“¿Qué buscaban estos grupos que se cubren la cara? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades?”, cuestionó la mandataria.
El impacto económico también fue considerable, pues cerca de 50 negocios, entre tiendas de conveniencia y joyerías, del Centro Histórico, reportaron pérdidas millonarias por robos y saqueos atribuidos al denominado bloque negro.
Un grupo de 24 joyeros denunció el robo de mercancía, además los comerciantes señalaron que integrantes del bloque negro levantaron a la fuerza las cortinas de sus negocios y los robaron.
Ante esto exigieron al Gobierno capitalino y al federal apoyos para enfrentar las pérdidas, las cuales aún se calculan mediante peritajes de la Fiscalía local.
Mientras que, en el caso de la protesta de la autollamada Generación Z, el saldo fue de 120 heridos, entre ellos 100 policías, de los cuales 40 fueron enviados a nosocomios por sus heridas, y 20 civiles, todos ellos atendidos en el lugar sin necesidad de hospitalización.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que en la manifestación detuvieron en flagrancia a 29 personas de las que 10 fueron remitidas al juzgado cívico por delitos menores.
Además, se capturó a un menor de edad, quien quedó bajo el Sistema de Justicia para Adolescentes.
Al momento hay tres personas detenidas que enfrentan imputaciones por tentativa de homicidio, así como otras 15 que están viviendo en libertad procesos por los delitos de robo, lesiones y resistencia de particulares.
González Saravia añadió que la Comisión mantiene un esquema de observación in situ, mediante el cual documenta en tiempo real la actuación de las autoridades, acompaña a personas detenidas para garantizar su certificación médica y acceso a una defensa justa, y analiza cada caso para determinar responsabilidades.
“Sí es muy importante dirimir con mucha claridad cuáles son las violaciones a derechos en curso, como les comentamos, se hace también un trabajo de acompañamiento, de defensa in situ, que ha sido acompañar a las personas que son detenidas, garantizar que sean certificadas y que tengan acceso a una defensa justa.
“Estamos conversando con otras organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones sobre la posibilidad de volver a revisar los protocolos de actuación para garantizar que en estos contextos se respete el derecho a la protesta y podamos generar condiciones para ello”, dijo.
En la mesa de trabajo en la que participó, la titular de la CDHCM pidió un incremento presupuestal de 4.5 por ciento para 2026, destinado principalmente al capítulo de sueldos y salarios, que representa 83 por ciento de los recursos solicitados.
Este ajuste permitiría contener la inflación proyectada para finales de 2025, entre 3.5 y 4 por ciento, y asegurar el bienestar del personal profesional y operativo de la Comisión, “cuya labor es esencial para brindar atención oportuna y digna a la ciudadanía”.
TRATOS INHUMANOS. La titular del organismo también destacó que uno de los temas más urgente es la atención de denuncias por tratos crueles y tortura, prácticas que reconoció como “arraigadas”, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México.
La ombudsperson indicó que, aunque varias recomendaciones en la materia han sido aceptadas, otras permanecen sin cumplimiento pleno.
Por ello, la CDHCM busca fortalecer sus mecanismos de investigación y seguimiento, y colocar la eliminación de la tortura como un eje central de su relación con las autoridades, tanto en casos individuales como en el abordaje del problema estructural.
“Queremos poner éste como uno de los temas centrales en la relación con instituciones además de lo que la queja implica en sí misma, a partir de sus puntos recomendatorios, para ir desterrando esta práctica atroz de la tortura”, comentó González Saravia.
