El juzgado que ordenó el desalojo en República de Cuba 11, que dejó a 19 familias en un campamento sobre la calle desde el pasado 27 de agosto, certificó la orden como legal “reviviendo” a una persona, en un claro caso de fraude procesal, denunciaron las personas desalojadas y su abogado, Arturo Aparicio.
De acuerdo con el expediente 2059/2024, alque accedió un grupo de vecinos y su defensor, el desalojo fue autorizado por el Juzgado 54 de lo Civil de la Ciudad de México, encabezado en ese entonces por la jueza interina, Estela Morales Rodríguez.
- El Dato: El secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo ayer que la administración local a diario frena un intento de despojo.
La orden fue ejecutada por el actuario judicial, Elías Alejandro Cisneros González, de la mano de elementos de la policía de la Ciudad de México.
El documento indica que, el día de la diligencia, las autoridades fueron recibidas por María Esther “N”, quien, asentó el actuario, “se identificó con credencial para votar”.
Sin embargo, la mujer falleció el 9 de marzo de 2020, denunció su esposo Manuel Gómez, quien es uno de los vecinos desalojados de Cuba 11.
“Fue a mi esposa, vivimos aquí. Dice en el acta del desalojo que ella recibió al actuario, inclusive pone número de credencial del INE, pero es otra cosa irregular”, explicó el vecino, quien mostró un acta de defunción de su esposa.
- 19 familias fueron desalojadas del predio de Cuba 11 hace tres meses
Al respecto, el defensor de los afectados, Arturo Aparicio, enfatizó que esto evidencia todas las irregularidades detrás de este desalojo en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.
“El actuario podría estar incurriendo en responsabilidad administrativa por no ejercer correctamente su profesión. Evidentemente el actuario debió verificar que sí se trata de esa persona, pedirle firmar, etcétera.
“Esto nos da a pensar que no sólo hay una negligencia que puede dar lugar a una sanción administrativa fuerte. Sino que quizá hay un delito de fraude procesal, donde están inmiscuidos jueces, actuarios, notarios y particulares”, comentó.
Otra irregularidad denunciada por los vecinos fue que el contrato de compraventa que dio lugar al desalojo no tiene firmas de testigos ni ratificación ante notario. Además, la vendedora no tenía entonces derechos de propietaria ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ni tampoco escritura de propiedad, muestra el expediente.
Asimismo, las y los vecinos de Cuba 11 convocaron a una marcha pacífica por el derecho a la vivienda el lunes 15 de diciembre, del Antimonumento en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta el Congreso de la Ciudad de México.
Arturo Aparicio declaró que, a tres meses del caso, siguen a la espera de que el Gobierno de la Ciudad de México consiga la recuperación del predio de Cuba 11 para los vecinos afectados.
“Nos dijeron que es un proceso que puede demorar. Esperamos que en un lapso de dos a tres meses ya esté por completo resuelto el asunto”, dijo.
