Para garantizar espacios públicos accesibles y salvaguardar el bienestar de las y los ciudadanos, el Gobierno de la Ciudad de México retiró 50 mil 376 vapeadores de la vía pública, como parte de un proyecto para eliminar la venta de productos ilegales en calles del Centro Histórico.
A un costado de la Plaza de la Constitución, donde se presentaron las mercancías aseguradas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, añadió que el operativo se suma a otras acciones para retirar 24 mil 572 mercancías ilegales vendidas en la zona.
“Esto también significa un mensaje claro; de que el Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal. (…) Hemos retirado mercancía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, también a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un conjunto de operativos que han evitado que llegue mercancía ilegal al Centro Histórico”, añadió.

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Brugada reiteró que el fin de los operativos es mantener espacios accesibles para visitantes nacionales y extranjeros.
“Nos permite hablar de esta gran recuperación de las calles, de la vía pública por parte del Gobierno de la Ciudad, en especial de la Secretaría de Gobierno y del área de la subsecretaría que atiende todo el reordenamiento en vía pública”Clara Brugada, Jefa de Gobierno
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, destacó que, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, el pasado 9 de enero la Subsecretaría de Reordenamiento decomisó 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos, tras el levantamiento de un puesto semifijo y una bodega ubicada en la Calle de Peña y Peña, en el centro de la Ciudad de México. Los artículos fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) federal para su destrucción.

Por el precio de entre 150 y 200 pesos de cada uno de los dispositivos, estimó que el valor total de la mercancía asegurada es de 10 millones de pesos. Además, fue detenido un hombre de 26 años que tenía a su disposición dos armas y marihuana.
“Quiero hacer un llamado a todos los comerciantes en vía pública del Centro Histórico. Primero, a que no vendan este tipo de artículos. Segundo, que tampoco vendan ningún tipo de mercancía prohibida, contrabando, mercancía que pudo haber sido robada (...) no vamos a permitir que se venda este tipo de mercancía”César Cravioto, secretario de Gobierno
La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, aseguró que la modificación a la Ley General de Salud establece un marco claro frente a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, misma que se coloca como una herramienta legal para actuar y proteger la salud de la población.
“La ley define ahora estos productos como dispositivos que vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, que son inhaladas directamente por personas consumidoras; esto es importante decirlo con claridad, no se trata de vapor inocuo, se trata de sustancias dañinas que entran al organismo”, aseveró.
La titular de la dependencia sanitaria subrayó que no hay evidencia científica que respalde que los dispositivos son una alternativa segura al consumo de tabaco, y advirtió que representan un grave riesgo para la salud, pues además de generar adicción, contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos.

La fiscal Bertha Alcalde Luján, señaló que la reforma a la Ley General de Salud no criminaliza a las personas, no persigue a las y los ciudadanos, ni busca penalizar el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, lucro y comercialización de estos dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
“El Estado tiene la obligación de actuar. Retirar vapeadores de la vía pública no es solo un acto simbólico o aislado, es una acción preventiva que busca reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que se aprovechan de vacíos regulatorios para lucrar con el daño. Es una política que pone en el centro el interés superior de la niñez y el derecho a la salud”, expresó.
Finalmente, el comisionado de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, expresó que el gobierno no puede ser cómplice de este tipo de problemas sociales, por ello, felicitó esta iniciativa por dejar claro el mensaje de “no al consumo, distribución, comercialización y lucro de este tipo de sustancias psicoactivas”.
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