Formalizan cargos

Señalan a 13 por caso de periodistas muertos en festival

Investigaciones señalan que el festival operó sin los permisos ni las evaluaciones técnicas requeridas para el montaje de las estructuras que colapsaron durante el evento

Familiares de los reporteros gráficos fallecidos en el Axe ceremonia se manififestaron el pasado 20 de enero.
Familiares de los reporteros gráficos fallecidos en el Axe ceremonia se manififestaron el pasado 20 de enero. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) formalizó cargos por homicidio contra la Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (OCESA) y la compañía de seguridad privada Lobo por la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández Rojas durante el festival Axe Ceremonia 2025, informaron los abogados de la familia de una de las víctimas.

Los representantes legales de la familia Giles anunciaron que la fiscal Mercedes Karina Granados notificó el pasado 20 de enero la inclusión formal de OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. en la investigación, aunque la imputación data del 14 de enero del presente año.

  • El Tip: el miércoles abogados de la familia de Miguel Ángel Hernández denunciaron que la audiencia inicial permanece detenida desde hace 98 días debido a un amparo.

La incorporación de ambas empresas a la indagatoria se produjo después de que tres jueces ordenaran a la Fiscalía incluirlas en la carpeta de investigación.

Con esta determinación, el expediente suma ya cinco empresas señaladas y ocho personas físicas imputadas por los hechos que costaron la vida a los dos reporteros gráficos.

En un mensaje en video, Raúl Giles, padre de Berenice Giles, advirtió sobre los intentos de desviar la atención del caso: “Hay grupos que buscan desvirtuar la lucha que emprendimos, y que en realidad buscan otros fines”.

A 99 días de la tragedia, la defensa legal de la familia Rojas Hernández denunció que, pese a contar con elementos probatorios suficientes, la audiencia inicial no se ha celebrado y el proceso penal permanece paralizado por una resolución judicial.

Las investigaciones señalan que el festival operó sin los permisos ni las evaluaciones técnicas requeridas para el montaje de las estructuras que colapsaron durante el evento, y que cobraron la vida de los dos fotoperiodistas.