El abogado Ricardo Colorado, defensor de cinco de las 18 personas detenidas durante la marcha autodenominada de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre pasado, informó que presentó una denuncia contra quien resulte responsable por presuntos actos de tortura cometidos por elementos de seguridad y exigió la aplicación del Protocolo de Estambul.
A las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el litigante señaló que además se recurrió al apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para que sea atendido el tema.
- El Dato: EL GOBIERNO identificó 179 cuentas promotoras de la marcha de la autodenominada Generación Z en Tik Tok y 359 en Facebook, administradas en el extranjero y que han invertido 90 millones de pesos.
“Este día nos encontramos aquí a efecto de presentar una denuncia por tortura en contra de quien resulte responsable”, declaró Ricardo Colorado, quien detalló que la querella incluye además los delitos de robo, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
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El abogado explicó que entre las víctimas hay personas que sí fueron procesadas tras la manifestación, así como otras que no fueron detenidas y que tampoco habían presentado una denuncia previamente, aunque estas últimas no estuvieron presentes en la conferencia.
Además, el abogado acusó que la Fiscalía capitalina ha entorpecido la aplicación del Protocolo de Estambul, utilizado para documentar casos de tortura.
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Señaló que, aunque se programó una cita para diciembre para su implementación, ésta no se llevó a cabo debido a que sus clientes no fueron notificados.
Posteriormente, añadió Ricardo Colorado, la autoridad dio por hecho que los denunciantes no acudieron y en enero les notificó que debían presentar la denuncia por tortura “en propio derecho”, al tratarse de un tipo penal especial, lo que los obligó a reiniciar el proceso.
El abogado adelantó que buscarán que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República e Indicó que ya enviaron un escrito y esperan que la autoridad federal investigue los hechos.
Actualmente, cuatro de sus clientes enfrentan el proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar cada 15 días ante la Fiscalía y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, lo que les impide acudir al Zócalo de la Ciudad de México. El quinto detenido, Brian Alexis “N” continúa en prisión preventiva al enfrentar cargos por presunta tentativa de homicidio.
Durante la conferencia, el imputado Gabriel Pérez Rábago, trabajador de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, señaló que fue imputado por supuesta tentativa de homicidio pese a que no participaba en la marcha y que únicamente transitaba por el Zócalo cuando fue detenido.
El hombre aseguró que su detención se debió a perfilamiento y discriminación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que tiene la cabeza tatuada.
Pérez Rábago también dijo que la Fiscalía capitalina lo imputó a partir del testimonio de dos policías que afirmaron que le gritó a un oficial que se encontraba en el suelo que lo mataría. Esto lo negó.
