Presenta PRI iniciativa en el Congreso

Proponen reconocer a madres buscadoras

El legislador Omar García afirma que el objetivo es dotar a estas personas de protección, atención integral y acompañamiento; cuestiona que Estado pide confiar, pero no las apoya

Una mujer sostiene el retrato de un hombre desaparecido, en diciembre pasado.
Una mujer sostiene el retrato de un hombre desaparecido, en diciembre pasado. Foto: David Patricio›La Razón

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Ciudad de México propuso una iniciativa para que las madres buscadoras sean reconocidas como víctimas indirectas de las desapariciones y tengan acceso pleno a medidas de protección, atención integral y acompañamiento institucional.

El legislador priista Omar García Loria explicó que la propuesta plantea modificar los artículos 3 y 26 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, que establece los mecanismos de apoyo, protección y atención a víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos, para dar certeza jurídica a madres y padres buscadores.

  • El Dato: Familias buscadoras han exigido a las autoridades capitalinas atender no sólo las desapariciones inmediatas, sino también aquellas que tienen varios de su reporte.

“Las personas buscadoras están realizando funciones que, constitucionalmente, corresponden al Estado, no porque quieran sustituir al Estado, sino, porque muchas veces el Estado ha sido insuficiente y, sin embargo, nuestra Ley de Víctimas de la Ciudad de México no les reconoce expresamente como sujetas de derechos.

“Ahí está la contradicción: les pedimos confianza en las instituciones, pero no les damos certeza jurídica; les pedimos colaboración, pero no les garantizamos protección; les pedimos paciencia, pero no les damos acompañamiento integral y acompañamiento institucional”, mencionó en Tribuna.

  • 6 mil 327 personas están reportadas como desaparecidas en la ciudad

García Loria expuso que, de acuerdo con Amnistía Internacional, 16 personas buscadoras han sido asesinadas en los últimos años en el país, seis de ellas, mujeres; además, que 97 por ciento de personas buscadoras entrevistadas mencionó que ha sufrido algún tipo de violencia al realizar su labor.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas hay 131 mil 63 personas en México desaparecidas sin aún ser localizadas. En la Ciudad de México son seis mil 327, una crisis que crece año con año.

Tan sólo en lo que va de 2026 se reportan 114 personas desaparecidas que aún no han sido localizadas en la ciudad, casi el doble que los 65 casos ocurridos del 1 de enero al 11 de febrero de 2020.

“El artículo primero de la Constitución establece que todas las autoridades debemos promover, respetar y proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad y progresividad, pero la realidad nos muestra algo doloroso: en muchos casos, quienes buscan no son las instituciones, son las propias familias de los desaparecidos, en especial, las madres”, dijo el priista.

De aprobarse la medida las personas buscadoras, es decir, aquellas que buscan a sus familiares, a allegados de forma individual o colectivos serán reconocidas en la ley como víctimas indirectas.

  • 97 por ciento de personas buscadoras afirma que ha sido agredida

Asimismo, gozarán las personas buscadoras de medidas de protección que determine la autoridad, según el riesgo en el que se encuentren.

“Las medidas de protección son aquellas otorgadas por la autoridad ministerial o jurisdiccional, a las víctimas familiares, personas buscadoras, cuya integridad y derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, cuando se encuentren amenazadas en su integridad personal, o en su vida, siempre que existan razones fundadas para presumir que estos derechos se encuentran en riesgo”, detalla la iniciativa.

La iniciativa priista fue turnada a la Comisión de Atención Especial de Víctimas para su análisis y discusión.

Al respecto, García Loria llamó a los legisladores a sumarse a la propuesta para reconocer a las familias buscadoras con el objetivo de que tengan acceso a medidas por su labor.

“Al incorporarlas en la Ley de Víctimas garantizamos que puedan acceder a medidas de protección cuando su vida esté en riesgo, establecemos parámetros claros para la actuación de las autoridades, reducimos la discrecionalidad administrativa y fortalecemos la coordinación institucional”, dijo.