El Congreso de la Ciudad de México avaló un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Contraloría General y a la Fiscalía General de Justicia de la capital investigar de manera inmediata la presunta responsabilidad de la alcaldía Cuauhtémoc en el colapso del edificio de San Antonio Abad 124, el 9 de marzo, y que dejó tres muertos.
La mayoría oficialista avaló el recurso presentado por el diputado de Morena, Paulo Emilio García González, para verificar los procesos administrativos de la demarcación, que encabeza Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, para la demolición del inmueble privado dañado por los sismos de 1985 y 2017.
- 57 trabajadores estaban en las obras de demolición de San Antonio Abad 124
“Por eso venimos en este Congreso a pedir responsabilidades administrativas y penales concretas. Sometemos a este Pleno dos resolutivos: Exhortamos a la Contraloría a que empiece el proceso necesario. Exhortamos a la Fiscalía a que haga lo propio también”, dijo el legislador en tribuna.
El colapso del inmueble de San Antonio Abad 124 provocó el deceso de tres trabajadores, quienes laboraban en la demolición del mismo.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, el propietario del edificio comenzó a gestionar la demolición del mismo desde el año pasado. El 14 de julio ante el Gobierno de la ciudad y el 26 de septiembre ante la alcaldía, la cual le respondió el 28 de octubre que le faltaban documentos.
García González explicó que la Ley para la Reconstrucción Integral establece que la administración capitalina asume la edificación de proyectos si son de vivienda, pero para los privados les da facilidades en materia tributaria y de agilización de trámites. Así, la alcaldía tiene la facultad exclusiva en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos.
- 400 trabajadores de distintas instancias participaron en las labores de rescate
El morenista detalló que en conferencia presentó documentos presuntamente filtrados por trabajadores de la demarcación que indican que el rechazo a la demolición del inmueble que colapsó el 9 de marzo lo hizo la autoridad un día después del siniestro.
Al respecto, la alcaldía Cuauhtémoc emitió un comunicado en el cual sostiene que el oficio del 10 de marzo “no constituye una nueva determinación; únicamente formaliza, en términos administrativos, que la solicitud de licencia de demolición se tuvo por no presentada, efecto que ya había operado por ministerio de ley desde el 12 de diciembre, conforme a lo señalado en el oficio de prevención”.
De acuerdo con la demarcación, que encabeza Rojo de la Vega Piccolo, la empresa no contó con una licencia de demolición entregada por la alcaldía, pero sí contó con las facilidades de la Secretaría de Vivienda capitalina para llevar a cabo la demolición.
- El Dato: El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, afirmó el 17 de marzo que las alcaldías son las instancias encargadas de recibir las manifestaciones de construcción y demolición.
El día en que cayó el inmueble, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, afirmó que los trabajos de demolición se llevaban a cabo entre diciembre y enero. En el sitio laboraban 57 personas en el momento del siniestro, de las cuales, tres fallecieron entre los escombros y una fue rescatada.
Durante la discusión del punto de acuerdo de Morena, la diputada local del PAN, Frida Jimena Guillén Ortiz, cuestionó que se busque culpar a la alcaldía Cuauhtémoc, ya que, consideró, la responsabilidad es del Gobierno por dar facilidades para la demolición.
“La empresa acude con el Gobierno, utiliza un acto administrativo en donde gobierno menciona que se dan facilidades administrativas para construcción y empiezan a construir, es decir, la alcaldía dijo ‘no’ y gobierno dijo “pues aviéntatelo, damos facilidades administrativas.
“Creo que está más que claro que cuando la alcaldía dijo ‘no, hasta que subsanes’, quienes debieron de haber subsanado fue la empresa, claro está, pero les fue más fácil hacer quién sabe qué cosa para que el Gobierno de la Ciudad de México les diera esta posibilidad para poder construir, ojo, y el tema es que cuando se cae ahí sí ya culpan a la alcaldía”, expuso.
Tras un debate entre legisladores de Morena, PAN y PRI, el punto de acuerdo de García González fue avalado para que la Contraloría y la Fiscalía local investiguen los procesos de demolición por parte de la Cuauhtémoc y, si se advierten irregularidades, que se inicien las indagatorias, se sancione a quien o quienes hayan tenido alguna responsabilidad con sanciones que vayan desde amonestaciones hasta la destitución del cargo.
TRABAJADOR BUSCA JUSTICIA. Ángel Miranda, trabajador, quien resultó policontundido tras el desplome de tres pisos de San Antonio Abad 124, ya alista acciones legales contra quien resulte responsable del accidente que lo dejó herido y que mató a tres de sus compañeros, informó la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano.
La defensa detalló en un comunicado que el sobreviviente ya solicita su condición de víctima y pidió acceso a la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía capitalina para conocer el avance de las indagatorias y los elementos recabados hasta el momento.
La firma también demandó que se asegure la transparencia en el desarrollo del caso, al considerar fundamental que se esclarezcan las causas del derrumbe y se deslinden responsabilidades por la muerte de los trabajadores.
“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las víctimas y con el acceso efectivo a la justicia. Confiamos en que las instituciones actuarán con diligencia y apego al debido proceso para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. Porque la justicia no es una aspiración: es una exigencia”, declaró la firma de litigantes.