La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que hay una investigación en contra de la representación legal de la familia de Berenice Giles Rivera, fotoperiodista quien murió en el festival de música Axe Ceremonia 2025, por presuntamente presentar recursos improcedentes para retrasar la audiencia inicial, pues, supuestamente, representa los intereses de una de las empresas imputadas del caso, Operadora Eclectic, S.A. de C.V.
En conferencia, la funcionaria local indicó que quien presentó el recurso legal fue la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, la otra víctima mortal del 5 de abril de 2025, cuando la instalación ilegal de dos grúas metálicas dentro del festival provocó que se desplomaran sobre los fotoperiodistas.
- El Dato: La Fiscalía capitalina ha indicado que las cuatro grúas de tijera, de las cuales una cayó sobre los fotoperiodistas, fueron colocadas de manera ilegal en el festival.
La primera etapa del proceso legal no se ha llevado a cabo desde el 15 de octubre pasado por los 13 juicios de amparo promovidos por Operadora Eclectic, misma estrategia que, acusa la familia Rojas Hernández, coincide con la de los abogados de la familia Giles.
Malos olores en Incifo incomodan a los transeúntes y comerciantes
“Efectivamente (la denuncia) es por este tema de presentar recursos notoriamente improcedentes, lo cual ha derivado en un retraso en la judicialización de uno de los casos y el posible vínculo de uno de los representantes legales con uno de los imputados, además de representar a la víctima”, respondió la fiscala a este diario sobre el tema.
De acuerdo con las autoridades, actualmente tres empresas están acusadas por los hechos ocurridos hace casi un año: Operadora Eclectic, S.A. de C.V., la Agencia de los Socios, S.A.P.I. de C.V., y O.N. Producciones Creativas, S.A.P.I. de C.V.
- 5 toneladas, aproximadamente, pesa una grúa de tijera, como las del festival
Alcalde Luján explicó que el tipo penal por el cual son investigados los abogados de la familia Giles es Delitos de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos, que sanciona con cárcel a quien asista a dos partes con intereses opuestos en un mismo caso o promueva recursos notoriamente improcedentes para entorpecer un juicio.
“Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión a quien (...) promueva cualquier incidente, recurso o medio de impugnación notoriamente improcedente, que entorpezca el juicio o cualquier otra etapa del procedimiento ordinario o del procedimiento para personas jurídicas o morales que motive su dilación”, establece el artículo 319 del Código Penal de la ciudad.
El pasado 18 de marzo, el abogado de la familia Rojas Hernández, Edwin Alan Piñón, expresó que además hay desconfianza en la defensa de la familia Giles, pues señaló que uno de los abogados, Gerardo Guzmán Jiménez, es administrativo de Control Presupuestal en la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.
- 13 días faltan para que se cumpla un año del siniestro en el Axe Ceremonia
Ante esta situación, indicó el litigante, han esperado una postura por parte de las autoridades capitalinas, sobre el motivo por el cual el servidor público ejerce la abogacía en horario laboral en la dependencia local.
“Hemos pedido una explicación de la Secretaría y de la propia Jefa de Gobierno, sobre por qué en horario laboral acude este servidor a las audiencias. Además de que puede ser un delito, habla de corrupción. Ya tendría que haber una investigación del órgano interno de control.
“Que un servidor público esté solicitando que no se impute a una de las empresas en el proceso penal, nos genera desconfianza sobre qué intereses hay detrás”, criticó.
