La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México planteó que la iniciativa de Ley de Rentas Justas, enviada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sea objeto de una consulta ciudadana.
En conferencia, la legisladora Olivia Garza de los Santos sostuvo que la propuesta afecta a pequeños propietarios de vivienda que ponen en alquiler sus propiedades para tener un ingreso adicional y de eso vivir, así como a aquellas personas adultas mayores que rentan para pagar sus alquileres en otras zonas.
“Queremos que se realice una consulta pública abierta para toda la ciudadanía para escuchar a todas estas personas que viven del ingreso que reciben de rentar una vivienda”, mencionó.
- 2 Millones de personas, estima el Gobierno, habitan en viviendas rentadas
- 30 Por ciento aumentaron las rentas en zonas de la ciudad entre 2019 y 2023
- EL DATO: EL GOBIERNO capitalino considera en un análisis que la gentrificación contribuyó para que cerca de 500 mil personas fueran desplazadas de la ciudad en 2020.
La iniciativa de reforma conocida como Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables se turnó ayer a comisiones en el Congreso de la Ciudad de México y se votará hasta el próximo periodo ordinario que comenzará en septiembre próximo.
La Comisión Unida de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda son las que van a analizar y dictaminar esta reforma que propone modificar al artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Los puntos que plantea la iniciativa son establecer a nivel constitucional que los precios de renta no aumenten por encima de la inflación anual; que el Gobierno capitalino implemente políticas para reducir los efectos negativos de la gentrificación; que se favorezca el arraigo vecinal y amplíe la oferta de vivienda social y asequible, especialmente para jóvenes y grupos de atención prioritaria.
También contempla la creación de un organismo público encargado de promover y defender los derechos y obligaciones en las relaciones entre inquilinos y arrendatarios; de la que actualmente se encarga la Procuraduría Social.
De acuerdo con Garza de los Santos, este proyecto impactará, al menos, a cuatro millones de personas: dos millones que rentan y dos millones más que alquilan sus propiedades.
“Se está regulando el ingreso, pero no los costos, porque los que tenemos un departamento sabemos que hay que pagar un mantenimiento, entonces éste va a seguir subiendo, la inflación va a subir, los impuestos también, los servicios igual y al dueño de vivienda le van a topar la renta”, cuestionó la panista.
De acuerdo con el documento de la iniciativa, en la capital existe una “gran disparidad” en el costo de la vivienda, como ejemplo, cita un análisis de la plataforma Inmuebles24 de 2023, según el cual la venta de un departamento promedio va de un millón 65 mil pesos en zonas como Tláhuac, hasta siete millones 121 mil 692 pesos en Cuajimalpa.
En cuanto a las rentas, éstas van de ocho mil 675 pesos en Tláhuac hasta 92 mil 92 pesos en la alcaldía Cuauhtémoc.
Garza de los Santos además propuso que el Gobierno capitalino lleve a cabo un análisis sistemático, técnico y de profundidad para revisar el impacto de esta iniciativa a corto, mediano y largo plazo.