El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para reformar la Constitución local y establecer que las elecciones podrían anularse si se acreditan actos de intervención o injerencia extranjera que incluyan en los resultados, lo cual fue cuestionado por la oposición.
Durante el Primer Periodo Extraordinario, los legisladores avalaron la propuesta impulsada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas parlamentarias para modificar el artículo 27 de la Carta Magna capitalina.
Desde una sede alterna al recinto de Donceles, bloqueado por el plantón de maestros, legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el dictamen, pues señalaron que faltaba claridad en cuanto a causales, por lo cual acusaron que es una manera de controlar los comicios por parte del oficialismo.
Por su parte, diputados de Morena defendieron la modificación constitucional al señalar que busca fortalecer la protección de los procesos democráticos en la capital del país frente a cualquier intento de actores extranjeros de intervenir en la vida política local.
De acuerdo con los legisladores del grupo mayoritario, la reforma representa un mecanismo para salvaguardar la voluntad ciudadana y garantizar que las decisiones electorales se mantengan libres de influencias externas.
El dictamen fue aprobado con 40 votos a favor y siete en contra, lo que permitió su avance dentro del proceso legislativo correspondiente.
También establecen límites al presupuesto del Congreso
Además de las disposiciones relacionadas con los procesos electorales, la reforma contempla medidas vinculadas al gasto público del Poder Legislativo local.
El dictamen establece que el Congreso de la Ciudad de México deberá ajustarse a las políticas de austeridad al momento de aprobar su presupuesto anual. En ese sentido, se determinó que los recursos asignados al órgano legislativo no podrán superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
Con esta modificación, los legisladores incorporaron a la Constitución capitalina criterios para regular el gasto del Congreso y disposiciones relacionadas con la protección de los procesos electorales frente a posibles actos de injerencia extranjera.
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MSL
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