La diputada del PAN, Elena Segura Trejo, presentó un punto de acuerdo para solicitar que las autoridades de la Ciudad de México informen sobre el operativo desplegado el pasado 30 de junio durante una manifestación de familias buscadoras sobre la calzada de Tlalpan y deslinden responsabilidades por las agresiones registradas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México rechazó discutir el asunto de urgente y obvia resolución. En la votación nominal, la propuesta obtuvo 5 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, por lo que continuará su trámite legislativo ordinario.
Desde tribuna, la panista recordó la imagen de un padre buscador sometido por policías con la misma manta con la que exigía la localización de su hijo y aseguró que “no era un delincuente, no estaba armado, no estaba cometiendo ningún delito”, sino que buscaba a un familiar desaparecido.
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Sostuvo que las familias buscadoras realizan labores que corresponden al Estado al recorrer hospitales, fiscalías y servicios forenses para localizar a sus seres queridos y cuestionó que, además de enfrentar esa situación, fueran objeto del uso de la fuerza pública.
Los hechos ocurrieron el 30 de junio. Ese mismo día, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, condenó las agresiones, ofreció una disculpa pública a las familias afectadas e instruyó a las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la dependencia iniciar investigaciones para deslindar responsabilidades entre los policías que participaron en el operativo.
PAN exige detalles sobre el operativo en la calzada de Tlalpan
Segura Trejo pidió conocer quién ordenó el operativo, quién autorizó el uso de la fuerza, qué protocolos se aplicaron y quién asumirá la responsabilidad.
Así como conocer los criterios para atender distintas manifestaciones y sostuvo que mientras algunos bloqueos son tolerados, a quienes exigen justicia por sus familiares desaparecidos se les responde con la fuerza pública.
El punto de acuerdo también plantea instalar una mesa permanente de diálogo con madres, padres y familias buscadoras para garantizar su atención por parte de las instituciones.
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