La iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles retoma demandas históricas de las organizaciones por el derecho a la vivienda, destacó la coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, María Silvia Emanuelli; sin embargo, advirtió que su eficacia dependerá de la vigilancia de los precios, la capacidad institucional y los recursos públicos.
En entrevista con La Razón, la especialista destacó que la iniciativa incluye multas por no ingresar contratos de arrendamiento en la plataforma, limitar los aumentos de renta a la inflación que marque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Calificó esto como un avance en materia arrendataria.
“Como todo, es perfectible. Es una iniciativa que recupera las demandas históricas de las organizaciones en pro de la vivienda. Es un avance en cuanto a seguridad de ambas partes, de inquilino como arrendador, da claridad. Además, ya hace obligatorias cosas que no lo eran, como el registro de los contratos de arrendamiento de inmuebles”, sostuvo.
Acusan a vecinos santeros por sacrificio de animales
- El Dato: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo 546/2025 y declaró constitucional el límite al incremento anual de las rentas de vivienda.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal más reciente del Inegi, la proporción de viviendas rentadas en la Ciudad de México pasó de 24.5 por ciento en 2020 a 26.9 por ciento en 2025, mientras que la de viviendas habitadas por sus propietarios disminuyó de 55.6 a 50.8 por ciento.
Para María Silvia Emanuelli, estos datos refuerzan la necesidad de que el Gobierno local transparente y supervise las relaciones de arrendamiento en la capital, con reglas que protejan a ambas partes y celebra la iniciativa de la creación de la Defensoría Inquilinaria.
“El objetivo del programa es que atienda de manera gratuita las dudas legales y contractuales entre la persona inquilina y la arrendadora. Además, va a amonestar a las partes que no cumplan con los artículos de la iniciativa.
- 30 Mil 103 alojamientos temporales se ofrecen en Airbnb
“Se crea ante la falta de acuerdos por escrito y de mecanismos efectivos para hacer cumplir las disposiciones legales entre propietarios e inquilinos y va a cuidar tanto al uno como al otro”, puntualizó.
La abogada especialista en la materia mencionó que el registro obligatorio de contratos de arrendamiento tendría que permitir identificar posibles incumplimientos y evitar que los contratos se inscriban sin advertir que el incremento propuesto excede lo permitido.
“Este registro se vuelve fundamental, porque ¿cómo vamos a saber si tú primero cobrabas 10 mil y ahora que se mudó el anterior y llego yo ¿quieres cobrar 20 mil? Sólo se sabe si registras el contrato”, explicó la experta.
La especialista mencionó que la falta de información pública acerca del costo de los alquileres en la capital es otro de los problemas que, a su juicio, podría atenderse mediante un registro eficaz.
- 64 Por ciento han aumentado las rentas en CDMX desde 2021
“Nos damos una idea de en cuánto está la renta por los portales inmobiliarios, pero no hay datos oficiales de la Ciudad de México que apoyen en la transparencia de los costos y por eso es importante ese registro”, dijo la abogada.
De acuerdo con el más reciente informe de Inmuebles 24 del mes de junio, el precio promedio de un apartamento de dos recámaras en la ciudad estaba en 21 mil 921 pesos, mientras que en el mismo periodo del año pasado estaba en cerca de 20 mil pesos.
Además, el análisis de la firma indica que el costo del alquiler en el primer semestre de 2026 aumentó 3.7 por ciento por arriba de la inflación del periodo registrado por el Inegi.
La también activista dijo que es necesario proteger los datos personales sin impedir que la información sea útil para supervisar la aplicación de la ley.
“El registro sí debería tener los dientes para decir: ‘No, éste contrato no lo puedo registrar porque tú te estás pasando en precio’. Así la persona que lo registre, que puede ser inquilina o arrendadora, puede percatarse del error”, señaló.
También destacó que la iniciativa busca reducir las barreras de acceso a una vivienda en alquiler mediante la limitación de las garantías que pueden exigirse a las personas inquilinas.
María Silvia Emanuelli consideró que esta medida responde a una problemática frecuente: la solicitud de múltiples requisitos para asegurar el pago de la renta, lo que dificulta el acceso a quienes no cuentan con avales o recursos suficientes.
Entre los pendientes, la coordinadora señaló que la propuesta no distingue entre pequeños propietarios y grandes arrendadores, pese a las diferencias económicas que puede haber entre una persona que renta un departamento y una empresa que administra cientos o miles de inmuebles.
Ejemplo de lo anterior es que, según el portal Inside Airbnb, existen al menos ocho anfitriones que ofrecen más de 100 casas y apartamentos cada uno para el alojamiento temporal y de ellos, uno tiene registrados 187 y otro, 181.
Aunque, consideró la abogada, estas distinciones podrían enriquecer la regulación, reconoció que requieren una discusión más amplia en la capital y dependen también de la organización y participación de los movimientos de inquilinos.
Otro de los riesgos, advirtió, es que las disposiciones puedan modificarse en futuras administraciones. La iniciativa no garantiza que sus medidas permanezcan intactas, pues los cambios dependerán de las mayorías políticas que se conformen en el Congreso de la Ciudad de México. “No hay forma de blindar nada a 100 por ciento”, afirmó.
A los retos de regular el mercado de alquiler se suma la presencia de inmuebles destinados al hospedaje temporal mediante plataformas tecnológicas; una solicitud de transparencia hecha por La Razón arrojó que al 29 de septiembre de 2026, el Sistema Electrónico de Anfitriones y Plataformas Tecnológicas tenía registrados 655 inmuebles; sin embargo, Inside Airbnb indica que hay al menos 30 mil 103 espacios para esta actividad, cifra que ha crecido desde antes del Mundial.
