Comité ciudadano, en vilo por fallo de la SCJN

Comité ciudadano, en vilo por fallo de la SCJN
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Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), una de las principales figuras del Sistema Anticorrupción de la CDMX, están en la incertidumbre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara este último. Por un lado, no han recibido la notificación de que sus nombramientos quedan anulados y, por otro, no tuvieron ninguna retribución económica por el trabajo que realizaron durante casi cuatro meses.

Karime Athie Ortiz, quien había sido nombrada presidenta del CPC, señaló que la derogación del sistema representará un nuevo retraso en la aplicación del Sistema Anticorrupción, mismo que tardó dos años y medio en elaborarse, desde la Asamblea Legislativa del DF.

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En entrevista con La Razón, detalló que independiente de que se debe rehacer el Sistema, el trabajo que ella dirigía ya estaba contrarreloj, pues su periodo como presidenta sólo dura un año.

“A mí no me han notificado oficialmente si los nombramientos se quedan o no; pero aun así estábamos contra tiempo; mi periodo era de un año, estábamos trabajando a marchas forzadas, hicimos nombramientos de secretaría técnica, íbamos a hacer el nombramiento también de la terna que tenía que salir para contralor del Congreso local”, afirmó.

Detalló que, a pesar de contar con el apoyo tanto del Gobierno local como del Congreso capitalino, principalmente para tener un espacio dónde sesionar, así como los materiales necesarios paras sus reuniones, no alcanzó el tiempo para definir tabuladores respecto al sueldo que percibirían los miembros del comité. Es decir que, desde el día de su nombramiento, no recibieron ninguna retribución económica.

Esto se debe, en parte, a que la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción, fue instalada “en fast track” en noviembre de 2019, al cierre del año fiscal, lo que provocó que no se programara el presupuesto para 2020.

“Todos los Comités de Participación Ciudadana locales tienen un sueldo; nosotros no hemos cobrado nada porque no tenemos presupuesto. Nos nombraron el 25 de septiembre y, por ley, la atribución de hacer los trámites oficiales para el presupuesto era la Secretaría Técnica.

El dato: Los contralores de los órganos autónomos que también se cancelan fueron nombrados el 18 de diciembre pasado; por tanto, apenas tenían un mes de labor, sin algún avance en sus actividades.

“Nosotros adelantamos los procesos para hacer el nombramiento de la secretaria técnica, sacamos una terna que fue aprobada por el Comité Coordinador y de ahí salió; pero por más que lo hicimos fast track, fue muy cercano al cierre del ejercicio fiscal y eso hizo que no se programara en el presupuesto”, explicó.

Comentó que hay respeto a las instituciones —en este caso a la Suprema Corte—; sin embargo, lanzó un llamado para no dejar perder el trabajo que se avanzó con el CPC local, ya que éste representa la voz de los ciudadanos, a través de organizaciones de la sociedad civil.