Ve Fiscalía nuevas líneas en pesquisa de Cártel Inmobiliario

La investigación sobre el denominado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez “avanza progresivamente” a medida de que han surgido nuevas líneas de investigación, dio a conocer ayer el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López.

En un videomensaje que emitió este miércoles, el funcionario explicó que las autoridades han recuperado diversos elementos que suman a las indagatorias, relacionados con el enriquecimiento ilícito y uso indebido del servicio público por parte de los exfuncionarios relacionados.

“Hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y ex funcionarios de la alcaldía”, señaló.

Mencionó que el órgano de justicia detectó que los actores involucrados establecieron “distintos tipos de sociedades” que probablemente constituyan un conflicto de intereses, “lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local”. Dichos actos, señaló, pueden dar pie al inicio de nuevas carpetas de investigación.

Además, destacó que a los 42 inmuebles que han sido vinculados en este caso se han integrado otros, que guardan algún tipo de relación con los ex servidores públicos investigados, ya sea en la construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo, como el arrendamiento.

“De igual forma, descubrimos que en estos inmuebles el común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados”, destacó.

El vocero de la Fiscalía capitalina señaló que desde 2014 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ya había señalado que los inmuebles investigados presentaban irregularidades, como niveles excedentes, que violaban el uso de suelo.

Destacó el caso de un edificio ubicado en la calle Capuchinas de la colonia San José Insurgentes, y que tiene seis pisos, cuando el límite establecido ahí es sólo de tres.

López Lara se refirió también a otro inmueble localizado en la calle de José María Ibarraran, en la misma colonia, en donde el programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero esa construcción cuenta con cuatro.

Y mencionó además un edificio de la calle San Francisco Actipan, el cual tiene seis pisos, cuando el máximo permitido ahí es de cuatro.

“La PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción”, señaló.

De acuerdo con el órgano de procuración de justicia, las investigaciones del caso han sido posibles a partir de la información recabada por los elementos de la Policía de Investigación, quienes aseguraron equipo de cómputo producto de las diligencias de cateo realizadas en 42 inmuebles, así como por las denuncias y la información que han proporcionado “la gran cantidad de vecinas y vecinos que han sido afectados por las prácticas en las que probablemente incurrió este grupo de empresarios y ex servidores públicos”.

Hasta el momento sólo ha sido sometido a proceso penal Luis Viscaíno, quien fuera director Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

DGM