Luego de que el Gobierno de Zacatecas anunciara la cancelación definitiva de la construcción del Viaducto Elevado de la capital, la firma de abogados Jorge Rada y Asociados anunció que prepara una serie de acciones, entre las que destacan la presentación de denuncias penales y administrativas contra quienes promovieron este proyecto.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el despacho, que fue clave en la caída del proyecto, al presentar diversas demandas de amparo y obtener dos suspensiones definitivas por parte del Poder Judicial Federal, advirtió que la cancelación “es una victoria, pero deja cicatrices”, por los daños ocasionados al erario y a la ciudadanía.
- El Dato: El pasado 12 de febrero, el alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para que la obra fuera cancelada.
Expresó: “En Zacatecas se ha marcado un precedente; la ciudadanía organizada logró detener una obra pública impuesta, opaca y violatoria del marco legal. El Gobierno del estado anunció oficialmente la cancelación definitiva del Viaducto Elevado, una decisión que no nace de la voluntad política, sino de la presión jurídica, social y moral que ejercimos desde escritos iniciales de demanda ante jueces federales y la denuncia pública.
“Éste es un triunfo del Estado de derecho. La justicia no cayó del cielo, se construyó con trabajo legal, con convicción colectiva, con la fuerza que otorgan los derechos cuando se ejercen. En un Zacatecas donde reina la impunidad, este caso demuestra que la legalidad sí puede ser defendida desde el pueblo, cuando se convierte en acción”.
El despacho jurídico indicó que ahora se debe realizar una auditoría al fideicomiso que manejó los recursos públicos que fueron destinados a la obra, y se deben evaluar los daños y perjuicios a terceros, para buscar compensaciones por afectaciones materiales y económicas.
La firma de abogados apuntó que también se debe crear un comité ciudadano que se mantenga vigilante de que “ninguna decisión de esta magnitud vuelva a tomarse sin consulta ni transparencia”.
Por su parte, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, también celebró la cancelación del proyecto y aseguró que “triunfaron la razón y la democracia”, lo que llevará a que la capital de la entidad permanezca como patrimonio cultural.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el alcalde panista recordó que en ningún momento existió un permiso de la autoridad municipal para la construcción de la obra, y gracias a los abogados y ciudadanos que participaron en la defensa jurídica, “ya no se podrá realizar el robo del siglo”.
El Viaducto Elevado, también conocido como el Segundo Piso y considerado por sus detractores como “la obra faraónica” del gobernador David Monreal, fue cancelado por las autoridades estatales, de acuerdo con el anuncio hecho el pasado martes por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la decisión se tomó ante las múltiples suspensiones ordenadas por “jueces y juezas corruptas”, y ante una cascada de nuevos amparos que se avecinaban en contra del proyecto.
“Ellos van a seguir alargando el proceso y tenemos que ser muy responsables con el uso del recurso público, no podemos ponerlo en riesgo mientras esta bola de corruptos rectifica su decisión errónea”, dijo ante los medios el segundo al mando en Zacatecas.
“Esta terminación anticipada implica todavía un proceso en el que ya las partes se tendrán que poner de acuerdo. Pero queremos decirles que eso no significa que el proyecto Movilidad para el Bienestar, Mobi, se vaya a frenar. Al contrario, se va a potenciar”, remarcó.
- 3 kilómetros de extensión iba a tener el Segundo Piso
DIQUE CIUDADANO. Hasta el momento en que el proyecto del Viaducto Elevado de Zacatecas fue cancelado, se habían acumulado 14 demandas de amparo, con cinco suspensiones definitivas y cuatro provisionales, otorgadas por distintos jueces federales.
Las demandas fueron presentadas por el despacho Jorge Rada y Asociados, por organizaciones civiles en defensa de la ecología y del patrimonio arquitectónico y por ciudadanos que habitan en la ciudad de Zacatecas.
En todas las demandas, el común denominador fue la falta de estudios de impacto ambiental, la ausencia de permisos por parte del municipio de Zacatecas y el posible deterioro del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Desde que se anunció la construcción del Segundo Piso, un viejo proyecto que hace años desechó, por inviable, la entonces gobernadora Amalia García, organizaciones sociales, sindicatos, académicos, empresarios, comerciantes y políticos de la oposición, manifestaron su rechazo.
Legisladores locales y federales del PRI y del PAN criticaron el hecho de que la obra iba a costar tres mil 652 millones de pesos, pese a que sólo tendría tres kilómetros de extensión y no había claridad sobre sus supuestos beneficios.
La oposición evidenció, además, que el contrato de la obra le fue adjudicado a Grupo HYCSA, uno de cuyos accionistas es Alejandro Calzada Prats, un empresario originario de Tabasco muy cercano a los hermanos Monreal Ávila.
El contrato fue entregado luego de una licitación exprés, de sólo un mes de duración, y que fue calificada por la oposición como “amañada”.
La obra estaba detenida desde el pasado 12 de marzo, cuando la jueza tercera de Distrito concedió la primera suspensión provisional, al aceptar a revisión una demanda de amparo presentada por el despacho Jorge Rada y Asociados.
El 9 de mayo, otro juez ordenó el retiro de la maquinaria del lugar en donde se realizarían los trabajos, y el pasado martes se anunció la cancelación definitiva del proyecto.
