La gobernadora de Campeche, Layda Sansores estrenó la nueva Ley de Expropiación en el estado y declaró como “utilidad pública” tres terrenos de propiedad de familiares y amigos del exgobernador y senador Alejandro Moreno Cárdenas.
De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial de Campeche del 29 de septiembre de 2025 la declaratoria de causa de Utilidad Pública es relativa a cuatro predios de propiedad privada ubicados en el municipio de San Francisco de Campeche, los cuales serán destinados para la construcción de la Universidad de la Salud Nacional Rosario Castellanos.
Los tres predios propiedad de familiares y amigos del dirigente del PRI, declarados de utilidad pública se ubican en el fraccionamiento Miramar. Uno de los terrenos está inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado bajo el folio real electrónico 542791, a favor de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Alito Moreno.
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Otro de los terrenos con una superficie de 1,111.245 M2, está inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado bajo el folio real electrónico 545800, a favor de Juan José Salazar Ferrer y quien es el arquitecto del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
La declaratoria se da en el marco de la reciente reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, conocida popularmente como “Ley Alito”. Esta legislación, aprobada por el Congreso de Campeche en un proceso considerado “fast track”, redujo de 15 a 5 días hábiles el plazo que tienen los propietarios para responder a la notificación de expropiación.
Además, permite al Estado ocupar de inmediato los predios una vez declarada la utilidad pública y otorga la posibilidad de pagar las indemnizaciones en plazos de hasta 10 años.
Críticos de oposición, principalmente del PRI y Movimiento Ciudadano, han advertido que la reforma atenta contra el derecho a la propiedad privada y fue diseñada con dedicatoria hacia el actual dirigente nacional del PRI. Por su parte, el gobierno estatal defiende que la medida busca garantizar proyectos de interés social y educativo, como la nueva universidad que se construirá en los terrenos expropiados.
Los predios afectados, que suman alrededor de ocho hectáreas, se ubican en una zona con alto valor inmobiliario en la capital campechana.
Según declaraciones de la propia gobernadora, con estas acciones se pretende revertir el uso de tierras que fueron adquiridas a precios irrisorios durante gestiones pasadas, para destinarlas ahora a obras de beneficio colectivo.
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MSL
