Carlota “N”, una mujer de 74 años acusada de homicidio calificado, continuará en prisión preventiva porque la jueza del caso consideró que no se acreditó una condición médica o de vulnerabilidad suficiente para sustituir la medida por prisión domiciliaria.
Aunque la defensa alegó deterioro en su salud y enfermedades crónicas, el tribunal resolvió que puede recibir atención médica dentro del penal de Huitzilzingo, en Chalco.
Carlota “N” y sus hijos, vinculados a proceso por homicidio calificado
El pasado 1 de abril, Carlota ‘N’ junto con sus hijos Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’ acudieron a una vivienda ubicada en la colonia Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, comunidad de La Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco, que señalan como perteneciente a la familia.
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En el lugar se presentó un enfrentamiento con personas que la denunciada acusa de invadir el inmueble. Durante el incidente se realizaron disparos: dos personas fallecieron y un menor resultó herido.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, vinculado este último a los hijos de Carlota.
La defensa de Carlota “N” solicitó un cambio de medida cautelar, con base en la edad avanzada de la imputada y el argumento de que padece enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas diabetes tipo 2, lo que, dijeron, agrava su estado en prisión.
Por su parte, su hijo, Arturo Santana Alfaro, declaró que al ingreso en abril Carlota recibía “10 ml de insulina al día” y que actualmente esa dosis supera los “20 ml”, situación que consideran evidencia de deterioro.
Sin embargo, la jueza estableció que Carlota “N” no cumple los criterios para considerarse “persona vulnerable” al grado que amerite prisión domiciliaria, y argumentó que en el penal podrá recibir atención médica, medicamento y tratamiento conforme a sus necesidades.
Previamente, una audiencia fue suspendida el pasado 5 de noviembre debido a la inasistencia del Ministerio Público, quien fue multado por la falta de presentación.
El caso mantiene relevancia pública no sólo por el componente de violencia en un conflicto de despojo, sino también por el debate sobre la edad, la salud y la privación preventiva de la libertad.
Aun así, la autoridad judicial entiende que los factores de vulnerabilidad presentados no han sido suficientes para modificar la medida.
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MSL
