El Congreso de Veracruz aprobó, con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, que el titular del Poder Ejecutivo tenga la facultad de proponer, remover y ratificar al fiscal general del estado, con lo cual deja al Congreso únicamente la función de avalar o rechazar la propuesta.
Con las modificaciones a la Constitución del estado, los diputados, en su mayoría de Morena, avalaron que el nombramiento de fiscal general se realice a propuesta de la gobernadora (hoy, la morenista Rocío Nahle) o gobernador y sólo sea sometido a la consideración del Congreso del estado, el cual deberá resolver dentro del improrrogable término de cinco días hábiles.
- El Dato: EN EL SEGUNDO periodo de sesiones legislativas, entre abril y junio, 4 iniciativas fueron enviadas por la gobernadora, 15 por Morena y aliados, y sólo 7 por la oposición.
La designación requiere el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes y, si no se emite una resolución en ese periodo, la propuesta se tendrá por aprobada.
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También se modificó que el titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dure en el cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado por el titular del Poder Ejecutivo para un segundo y último periodo de igual duración, haciéndolo únicamente del conocimiento del Congreso para la protesta de ley.
Antes de la reforma, el Congreso tenía la facultad de designar y remover al fiscal, y la persona titular duraba nueve años en el cargo, sin posibilidad de ser ratificado para un nuevo periodo.
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Uno de los puntos más controversiales de la enmienda es que la persona titular de la FGE podrá ser removida por quien encabece el Poder Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley.
La remoción también queda en manos del mandatario o mandataria estatal; el Congreso podrá objetarla con la misma votación calificada requerida para la designación, en un plazo de cinco días hábiles. Si no se pronuncia, la remoción surtirá efectos.
Tras la aprobación de la reforma, colectivos de búsqueda y organizaciones de familiares de personas desaparecidas en Veracruz alertaron que los cambios impulsados por el Congreso local ponen en riesgo la autonomía de la FGE y provocarán retrocesos en las investigaciones, en la identificación forense y en la atención a víctimas.
“Reconocemos que la Fiscalía General del Estado tiene áreas que deben reforzarse; sin embargo, una ley que permita remover a la persona titular conforme a los deseos o interés del titular del Ejecutivo violenta el principio con el cual fue creada la institución, la independencia en su actuar y la libertad técnica necesaria para garantizar una investigación imparcial”, señalaron.
De acuerdo con los colectivos, los cambios aprobados afectan directamente la continuidad de expedientes, la protección de víctimas y la operatividad de áreas clave, como los servicios periciales.
En un estado con miles de personas desaparecidas, afirmaron, la estabilidad institucional es indispensable para sostener procesos de búsqueda que requieren años de trabajo acumulado.
“No pedimos discursos ni simulaciones; exigimos instituciones con capacidad real de buscar, identificar y garantizar justicia”, enfatizaron.
