El secuestro de 12 personas, nueve de las cuales fueron halladas sin vida en dos puntos de Zacatecas y San Luis Potosí, generó un choque entre autoridades de ambos estados que ha escalado al paso de los días, pues éstas señalan que las víctimas fueron ejecutadas fuera de su respectivo estado y arrojadas en su territorio.
Ambas entidades tratan de eludir la responsabilidad en la localización de los cuerpos en sus territorios para que no se contabilicen en sus respectivas estadísticas, y plantean la posibilidad de que intervenga la Fiscalía General de la República (FGR).
- El Dato: LAS FISCALÍAS de Zacatecas y de SLP no reportaron a la Federación el hallazgo de siete víctimas mortales halladas en noviembre en la zona limítrofe de ambos estados.
Ayer, la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, aseguró que son 12 personas involucradas en el caso, que fueron reportadas como privadas de la libertad en Zacatecas.
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Sin embargo, hasta el momento solamente hay nueve cadáveres encontrados, de los cuales siete fueron localizados en suelo zacatecano y otros dos en tierras potosinas, pero todos en zonas limítrofes entre ambas entidades.
Las siete personas sin vida localizadas en Zacatecas el pasado 21 de noviembre presuntamente fueron asesinadas en San Luis Potosí y arrojadas en Zacatecas, por policías potosinos.
- 12 personas secuestradas en el caso de la controversia
Las otras dos víctimas, de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía de San Luis Potosí, fueron localizadas cerca de la entrada a la comunidad de Paso Blanco, en el municipio de Ahualulco el pasado 18 de noviembre.
Sin embargo, de las tres víctimas restantes, la fiscal potosina no aclaró si siguen desaparecidas o en qué estatus se encuentran, pero señaló que también fueron privadas de su libertad en Zacatecas. Incluso, dijo que las 12 personas están ya identificadas.
En entrevista al salir de su comparecencia ante el Congreso potosino, la fiscal refirió que ya se inició una investigación por parte de las autoridades potosinas y que la institución que encabeza colabora con las autoridades de Zacatecas para esclarecer los hechos.
“Sí, nosotros tenemos una investigación en relación con ello y es un tema que, evidentemente, ahorita está trabajando Zacatecas. Nosotros colaboramos —como les dije la semana pasada— con ellos en llevar a cabo una serie de actos de investigación que la propia Fiscalía de Zacatecas pidió y se dio la colaboración”, explicó la funcionaria.
EN SLP, NO. No obstante, la funcionaria potosina rechazó categóricamente la versión de las autoridades zacatecanas, quienes aseguran que los siete cuerpos encontrados estaban en estado de putrefacción y que por lo tanto se advierte que no fueron asesinados en Zacatecas, donde fueron encontrados, sino en territorio de San Luis Potosí.
El pasado 21 de noviembre, de acuerdo con la versión de las autoridades de Zacatecas, a pocos metros del hallazgo de los siete cuerpos sin vida, los policías estatales zacatecanos ubicaron una camioneta pick up gris, cuatro puertas, sin logotipos ni cromáticas oficiales, en el que viajaban tres hombres y una mujer, quienes se identificaron como elementos de seguridad de San Luis Potosí y mostraron credenciales.
El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, dijo que la camioneta en la que viajaban los elementos de seguridad de San Luis Potosí tenía indicios que podrían relacionarlos con el abandono de los siete cuerpos, por lo cual la policía estatal los detuvo y puso a disposición de la Fiscalía de Zacatecas.
Ese mismo día, en conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí respondió que sus agentes únicamente acudieron a un reporte de auxilio generado por el 911 y descartó que hubieran participado en el abandono de los cadáveres.
El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, dijo que la presencia de los elementos “obedeció exclusivamente a la atención de un reporte”.
CADA QUIEN SUS MUERTOS. Luego de las declaraciones de las autoridades encargadas de la seguridad, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró tener “toda la certeza” de que el homicidio de las siete personas fue cometido en Zacatecas, y acusó a las autoridades zacatecanas de no querer incluirlos en su estadística de homicidios.
“Yo más bien creo ahí que son las corporaciones de Zacatecas las que están moviendo el tema para que no les cuenten sus muertos”, dijo.
El gobernador explicó que las víctimas contaban con fichas de búsqueda emitidas en Zacatecas, por lo que dijo: “¿Ni modo que sean de San Luis? No hay manera (…) tenemos toda la certeza, tenemos las fichas de búsqueda”.
En respuesta, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas tenía pruebas “contundentes” de que los cuatro agentes de Guardia Civil de San Luis Potosí movieron a territorio zacatecano los siete cuerpos localizados el 21 de noviembre.
Reyes Mugüerza calificó de “inexacta” la respuesta del mandatario de San Luis Potosí, ya que dijo “no tiene absolutamente nada que ver con el lugar en el que les arrebataron la vida”, pues en Zacatecas se han registrado 140 asesinatos y muchas de las víctimas tenían cédula de búsqueda “no sólo de San Luis Potosí, de Michoacán, de Durango y de otros estados”.
También expuso que no le preocupa si los homicidios se cuentan en Zacatecas o en San Luis Potosí; “lo que sí nos preocupa es saber qué es lo que pasó. Quiénes son los responsables de haberle quitado la vida a esas siete personas y poder llevarlos ante la justicia”.
Para “zanjar” este asunto, aseveró que sería “conveniente” que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, “para evitar todo este tipo de dimes y diretes” y se esclarezcan los hechos.
Ante esta posibilidad, la fiscal Manuela García Cázares afirmó que San Luis Potosí está dispuesto a aportar toda la información necesaria.
