El periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, fue detenido el 24 de diciembre de 2025 en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por la Policía Ministerial, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con información confirmada por autoridades estatales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que al comunicador se le imputan los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, cargos considerados graves dentro del marco legal vigente. Tras su detención, un juez de control calificó como legal la aprehensión y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrolla el proceso penal.
De acuerdo con reportes oficiales, la audiencia de continuación del proceso fue programada para finales de diciembre, en la cual se determinará si existen elementos suficientes para su vinculación a proceso y se definirán las condiciones legales que enfrentará el periodista.
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Rafael León Segovia se desempeñaba principalmente en la cobertura de hechos policiacos y de violencia, conocida como nota roja, en la región sur del estado. Su trabajo se enfocaba en documentar sucesos relacionados con seguridad pública, operativos y hechos delictivos ocurridos en municipios de esta zona.
La detención generó una reacción inmediata de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19 México y Centroamérica, que denunciaron una posible criminalización del ejercicio periodístico. La organización señaló que el uso del sistema penal contra un comunicador por hechos presuntamente vinculados a su labor informativa representa un riesgo para la libertad de prensa y puede generar un efecto inhibidor entre periodistas que cubren temas sensibles.
En un pronunciamiento público, Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Veracruz respetar el debido proceso, garantizar los derechos fundamentales del periodista y evitar que la labor informativa sea tratada como una actividad delictiva.
Asimismo, solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de evaluar el nivel de riesgo del comunicador y, en su caso, otorgar medidas de protección.
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MSL
