La senadora por Colima Mely Romero denunció inacción y omisiones del Gobierno de la morenista Indira Vizcaíno para atender la crisis de seguridad que se vive en la entidad.
“Lo que más duele es que el Gobierno no solamente no actúa contra la inseguridad, sino que no dan la cara, no nos dan información y niegan la realidad”, afirmó la legisladora, ante los hechos de violencia que se viven en Colima.
“El Gobierno no solamente no actúa conforme a la expectativa de la ciudadanía; es decir, no está haciendo lo suficiente (para investigar todos estos crímenes y todas estas atrocidades), sino que, al contrario, como que sentimos que nos da la vuelta a la información, nos niega la cara, no salen a decir lo que está pasando”, dijo.
- El Dato: El costo total de la inseguridad y el delito en hogares en Colima representó un monto de 1.7 mil millones de pesos. Equivale a un promedio de 7,193 pesos por persona.
En entrevista con La Razón, la senadora del PRI por Colima afirmó que hay medios de comunicación locales “que dicen expresamente que no les permiten sacar la información a la luz pública” cuando ocurren hechos de violencia en la entidad.
“Es un sentimiento de mucha frustración y de mucho enojo en la sociedad; las autoridades no nos dan información ante casos de asesinatos, secuestros y feminicidios”, afirmó.
Añadió que un ejemplo de la inacción del Gobierno de Colima ante la inseguridad es el caso del asesinato de la exalcaldesa Gabriela Mejía, a quien el fiscal del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, “revictimizó y hasta la culpó de cometer crímenes con tal de no asumir su responsabilidad de investigar”.
Luego del asesinato de la exalcaldesa, el pasado 14 de noviembre, el fiscal de Colima reveló públicamente que Gabriela Mejía Martínez usó una camioneta y habitó una casa que había sido propiedad de personas vinculadas con el crimen organizado.
- 172 homicidios por cada 100 mil habitantes en la ciudad de Colima
“Descubrimos que una casa en la que ella vivió pertenece a una persona ligada a la delincuencia organizada, que salió huyendo del municipio de Cuauh-témoc por los hechos de violencia registrados en los últimos meses”, dijo el fiscal ante medios locales.
Ante estos señalamientos, la senadora dijo que “lo único que hizo el señor fiscal es dar información no comprobada, sino supuestos que se estaban investigando, pero con esta información que dio revictimiza a la exalcaldesa, la criminaliza y hasta la hace parecer culpable”, dijo la senadora.
Añadió que no es la primera vez que esto ocurre, pues ha habido casos anteriores en donde el fiscal lo que hace es prácticamente echarle la culpa a la víctima, revictimizarla y criminalizarla.
La senadora expuso que, por estos hechos, en reiteradas ocasiones los colectivos, asociaciones civiles y mujeres feministas, así como el grupo parlamentario del PRI en Colima, han exigido la destitución del fiscal.
“La fracción del PRI en el Congreso local está pidiendo su destitución; también hay asociaciones civiles, grupos o colectivos de mujeres feministas que están pidiendo su destitución desde hace tiempo, no solamente a partir de este caso, sino desde hace tiempo, porque, insisto, está la situación de inseguridad tan atroz que vivimos en Colima”, expresó.
La senadora priista también denunció que a pesar de que no hay información por parte de las autoridades ante la inseguridad en Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva no tiene una estrategia definida para combatir el incremento de delitos que ocurren en la entidad.
“No solamente no hay estrategia, no hay información. Antes había una figura de un vocero por parte de la Fiscalía, que salía a decir algo de información; ahora, ni eso. A partir de que se les empezó a cuestionar ya mucho más por todas las situaciones delictivas que empezaron a escalar, quitaron esa figura y ni esa información nos dan”, denunció la legisladora.
También Romero cuestionó que, aunque diariamente la gobernadora presume tener reuniones con el Gabinete de Seguridad, éstas no tienen “propósito ni resultados y parece que son meramente de trámite”.
“Por parte del Gobierno del estado hay estas famosas reuniones de seguridad matutinas que realmente no vemos cuál es el propósito ni el resultado. Nunca se da una información certera de una estrategia nueva, una acción innovadora para atender la seguridad para las y los colimenses”, externó.
“Solamente son reuniones para dar un parte de seguridad en donde se lee literalmente el número de homicidios y de robos y de situaciones en Colima, pero no hay una estrategia que unifique a los municipios o a las fuerzas del estado con las fuerzas de la Federación; me parece que de verdad es más una reunión de trámite”, dijo.
La integrante de la bancada priista en la Cámara alta planteó a las autoridades federales que volteen a ver a Colima porque, aunque es “un estado pequeño, desde hace cuatro años”, con el gobierno de la morenista Indira Vizcaíno, se registran índices “altísimos” de inseguridad, por los cuales incluso hay países como Estados Unidos y Canadá que de plano a Colima lo ponen en la lista negra de estados cuyas visitas se deben evitar.
La legisladora también expuso que la violencia ha llegado a tal nivel que, en los últimos meses, al menos cinco negocios fueron objeto de extorsión y quemados, con pérdidas totales.
De acuerdo con el Índice de Paz en México 2025 realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en 2024 Manzanillo registró una tasa estimada de homicidios de 154 muertes por cada 100 mil habitantes, la más alta desde 2020. Entre todos los municipios medianos y grandes del país, esta tasa sólo fue superada por la capital del estado, la ciudad de Colima, que registró 172 muertes por cada 100 mil habitantes.
