Autoridades estatales inician investigación exhaustiva por la muerte de cuatro personas presuntamente vinculadas a la administración de tratamientos intravenosos en Hermosillo, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) ha desplegado operativos de inteligencia y análisis de laboratorio para determinar si una serie de “sueros vitaminados” aplicados en una clínica particular fueron la causa directa de los decesos.
Como parte de las primeras acciones ministeriales, se ejecutó un cateo en una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García de la capital sonorense.
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El inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo con sellos de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRISSON).
Los peritos recolectaron indicios clave para la investigación, entre los que destacan:
- Expedientes clínicos detallados de las víctimas.
- Soluciones médicas embotelladas y medicamentos inyectables utilizados en las mezclas.
- Insumos médicos diversos empleados para la canalización de pacientes.
De manera extraoficial, medios locales han identificado al médico responsable como Maximiliano “N”, aunque los reportes oficiales de la Fiscalía mantienen el nombre bajo reserva.
Los materiales incautados fueron entregados a las autoridades sanitarias para determinar si existió una violación a las normas de salud o una mala práctica en la preparación de las fórmulas.
¿Quiénes son las víctimas?
La investigación se centra en el fallecimiento de dos mujeres y dos hombres. Entre las víctimas se encuentran Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, quienes habrían recibido el tratamiento por prescripción del mismo médico que los trató.
Las dos víctimas mujeres se tratan de Dinora Ontiveros y Catalina Figueroa, ea última permanecía internada en el Hospital General de Especialidades de esta capital, luego de padecer complicaciones severas tras someterse al procedimiento.
La Fiscalía informó que se realizarán estudios especializados en los tejidos de las personas fallecidas para detectar posible daño celular provocado por la administración de las sustancias.
Ante el riesgo de que otros pacientes pudieran haber recibido el mismo tratamiento, las autoridades de salud han activado una “red negativa” en todas las instituciones médicas del estado.
Este protocolo obliga a la notificación inmediata de cualquier paciente que presente síntomas adversos tras recibir aplicaciones intravenosas.
Hasta el momento, la FGJES confirmó que no se han identificado más personas afectadas fuera de los cuatro casos iniciales.
