Aunque es una obligación para los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, el mandatario de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la mayoría de los titulares de las diferentes dependencias del estado, omiten dar cuenta de sus bienes, autos y sueldos, así como de su experiencia laboral, en sus declaraciones patrimoniales.
De acuerdo con la página DeclaraNet de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza del estado de Nayarit, en el caso del gobernador solamente existe una declaración patrimonial, la cual se publicó el 14 de mayo de 2025, aun cuando tomó el cargo casi cuatro años antes.
- El Tip: EL ANDAMIAJE sobre transparencia indica que los sujetos obligados deben hacer pública la información referente a plazas, contrataciones y declaraciones de bienes.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece que todos los funcionarios están obligados a presentar su declaración inicial dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión, con motivo del ingreso al servicio público.
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Miguel Ángel Navarro tomó protesta como gobernador del estado de Nayarit el pasado 19 de septiembre de 2021, aunque anteriormente se desempeñó como diputado federal, en los años 2006 a 2009, y senador en los años 2018 a 2021.
El artículo 33 de la LGRA refiere que, en caso de que un servidor público omita, sin causa justificada, la presentación de la declaración de conclusión del encargo, dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión, será inhabilitado de tres meses a un año.
- El Dato: APENAS el 11 de marzo, el gobernador Navarro encabezó la instalación del Subsistema Estatal de Transparencia, que busca fortalecer la rendición de cuentas.
De igual forma, la LGRA señala que “incurre en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés”, y lo define como una falta administrativa “grave”.
En la declaración de modificación correspondiente al año 2025, y que tiene el número de comprobante 20250514003656000017179384, el mandatario estatal tampoco da a conocer su patrimonio integrado por los bienes muebles o inmuebles que posea, como departamentos, casas, autos o cuentas bancarias e inversiones.
Asimismo, prescinde de hacer referencia a su experiencia laboral de los últimos cinco años, aunque es una obligación, y tampoco transparenta su salario. Los únicos datos que consigna son su formación académica, el cargo que ocupa y el domicilio de su oficina.
A la luz de la Ley General de Respon-sabilidades Administrativas, en la declaración inicial y de conclusión del encargo se deben manifestar los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición, mientras que en las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso, se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.
No obstante, en las declaraciones patrimoniales del gobernador y de los titulares de las dependencias del estado de Nayarit no se mencionan modificaciones a su patrimonio personal, con fecha y valor de adquisición.
Entre las sanciones para los servidores públicos por faltas graves está la suspensión del empleo, cargo o comisión; la destitución del empleo, cargo o comisión. También, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 30 a 90 días naturales. En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de 10 a 20 años si dicho monto excede el mencionado límite.
Mientras que, cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.
Al referirse al tema, Eduardo Bohórquez, director de la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, advirtió que es una obligación publicar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todo servidor público, y la única distinción que hace la ley es que se publican versiones públicas que no contienen datos personales.
En entrevista con La Razón, añadió que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una plataforma centralizada a la que deben integrarse todas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, pero muchos estados incumplen con esta disposición y es una de las razones que impide el funcionamiento del propio sistema anticorrupción.
“El funcionario que no publica su declaración patrimonial está incumpliendo con lo dispuesto por la ley y es sujeto de posibles responsabilidades administrativas. Si los órganos de control no sancionan esta conducta, también incumplen con lo dispuesto por la ley”, alertó el directivo.
