No obstante la escalada de violencia, que en el último año llevó a que seis delitos de alto impacto tuvieran un marcado repunte en Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Fiscalía General del Estado hizo mal uso de los recursos federales que recibe, con la compra de gasolina no justificada en 28 estados por un monto no aclarado de más de ocho millones de pesos.
Estas irregularidades por ocho millones 169 mil 719 pesos, junto a otras como el pago a trabajadores que no cuentan con título profesional y los requisitos para ocupar el cargo, suman un total de 35 millones 366 mil 873 pesos pendientes de justificar.
- El Dato: La ASF determinó que la Fiscalía de Veracruz cayó en inobservancias en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles.
La ASF encontró que, en la adquisición de combustibles con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2024, se generó un probable daño a la hacienda pública por un monto de seis millones 212 mil 833 pesos debido a la compra en 21 estados de la República, fuera del territorio del estado, y por las cargas de combustible a cinco vehículos que no se encontraron registrados en el padrón vehicular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por un monto de 125 mil 687 pesos.
La ASF señaló que, de igual manera, hay otros 12 millones 532 mil 14 pesos pendientes por aclarar por pagos realizados en la adquisición de vehículos asignados a áreas distintas a las previstas en el dictamen y por cargas de combustible realizadas antes del inicio de la vigencia del contrato.
En otro caso similar, la Fiscalía de Veracruz realizó cargas de gasolina en 28 entidades federativas por un importe total de un millón 176 mil 643 pesos, así como compras de combustible para seis vehículos que no se encontraron registrados en el padrón vehicular por un monto de 654 mil 556 pesos, con lo cual incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 35.3 millones de pesos, probable daño de la fiscalía a la hacienda pública
La fiscalía estatal argumentó que, “de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la ley en materia de procuración de justicia, tiene obligación de trasladarse dentro y fuera del estado de Veracruz para llevar a cabo las investigaciones en cumplimiento a los diversos mandamientos judiciales”; sin embargo, no proporcionó evidencia documental de comisiones, colaboraciones o intercambios con otras autoridades fuera de la entidad que acreditaran lo manifestado.
Asimismo, refirió que en seis de los automotores que no se encontraron en el padrón vehicular de la fiscalía se realizó un cambio de placas en el ejercicio 2025, aunque ni las placas anteriores ni las actuales se encontraron en el listado, por lo cual no se pudo solventar el monto observado.
ASCENSO DELICTIVO. El cuestionamiento de los recursos para combatir la inseguridad en la entidad, hecho por la ASF, se da en el contexto de un recrudecimiento de los indicadores delictivos, particularmente los de alto impacto para la población.
La semana pasada, La Razón publicó que 2026 arrancó en la entidad con un marcado repunte en homicidio doloso, feminicidio, secuestro, narcomenudeo, robo de auto y robo a transportista, al contrastar el primer bimestre de 2025 y el de 2026.
La inseguridad que se vive en el estado gobernado por la morenista Rocío Nahle García se ve reflejada en el aumento de 21 por ciento en los casos de homicidios dolosos, pues los expedientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron 114 en 2025 y 138 un año después.
PROVEEDOR EN ENTREDICHO. De igual forma, el ente fiscalizador de la Federación detectó que la Fiscalía de Veracruz entregó un contrato mediante adjudicación directa a la empresa IVG Comercializadora, S.A. de C.V., para la adquisición de equipo médico y de laboratorio (dos estaciones de necropsia) de la marca IVG por un millón 986 mil pesos.
El dictamen de excepción se emitió el 25 de octubre de 2024, el cual se motivó en que el proveedor es distribuidor exclusivo de los productos de la empresa Cocinas Industriales y Laboratorios, S.A. de C.V., para distribuir, comercializar y prestar servicios de mantenimiento a sus productos, así como para utilizar y publicar en forma gratuita, dentro del territorio de la República Mexicana, los signos distintivos de su imagen corporativa y de acuerdo con el registro de la marca IVG.
No obstante, la fiscalía no presentó evidencia documental que acreditara el registro de la marca “IVG” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a pesar de que la carta de autorización así lo refiere; asimismo, la razón social Cocinas Industriales y Laboratorios, S.A. de C.V., no fue localizada en el Registro Público de Comercio, por lo que no fue posible acreditar su existencia jurídica ni su capacidad legal para otorgar la exclusividad de distribución o el uso de la marca invocada para justificar la adjudicación directa.
DAÑO MAYOR. Al opinar sobre este tema, en entrevista con La Razón, Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que las irregularidades detectadas en las auditorías afectan bastante el desarrollo del municipio o estado, ya que en algunos casos el 75 por ciento del presupuesto es de carácter federal.
“Afecta bastante, porque estos recursos, por ejemplo el tema de las aportaciones, se van a seguridad pública, desarrollo social, salud, educación. Entonces, al desviarse esos recursos, esas tareas se ven pospuestas o no resueltas”, enfatizó.
“Todo eso ralentiza el desarrollo de las localidades, de los estados; entonces, hay una afectación directa. Por ejemplo, una entidad como el Estado de México, el 75 por ciento de su presupuesto es de carácter federal”, dijo.
Agregó que, para que los estados y municipios hagan buen uso de los recursos públicos que ejercen, es necesario que se apliquen los códigos federales y locales, por ejemplo el artículo 222 del Código Penal Federal, en el que se establecen las sanciones y el tipo de omisiones que se persiguen.
