Vecinos que se oponen a un proyecto turístico en la playa Las Cocinas en Punta Mita, Nayarit, denunciaron que fueron amenazados por las autoridades, luego de las protestas realizadas el lunes pasado, por lo que responsabilizaron directamente a integrantes del gobierno estatal de Miguel Navarro en caso de que les suceda algo o finquen delitos.
Pepe Ávila, ciudadano que participó en las protestas del pasado lunes 27 abril en contra de que desarrolladores inmobiliarios se apropien de los accesos a las playas, expuso que a uno de sus compañeros, que fue detenido y posteriormente liberado, la policía estatal trató de intimidarlo y “sacarle información” sobre el propio Ávila y un compañero suyo de nombre Eduardo.
- El Dato: LOS HABITANTES denunciaron ayer por la tarde que en Las Cocinas, de Punta Mita, las máquinas seguían trabajando, “destruyendo la playa”, a pesar del diálogo entre las partes.
“Uno de nuestros compañeros, que fue detenido en el golpeteo, como lo estaban tratando de intimidar y sacar información sobre mí y Eduardo, le hicieron un par de preguntas y le dijeron que ahora yo y Eduardo somos los siguientes; entonces, quiero decir que, si algo nos llega a pasar, el responsable es el estado de Nayarit”, advirtió.
LA LUCHA SIGUE. En entrevista con La Razón, agregó que, aunque han recibido amenazas, no van a “desistir” de su lucha, porque detrás de ellas hay un derecho de todos, que es el acceso público y libre a las playas.
“Ya liberaron a quienes tenían secuestrados y golpeados por el estado de Nayarit, por la policía estatal; preguntaron por mí y por Lalo y nos están tratando de intimidar, pero no vamos a desistir”, manifestó el activista.
“Yo estoy tranquilo; sé que nada me va a pasar, pero quiero que sepan que, si algo nos llega a pasar, la culpa es del gobierno del estado; entonces, fuerza; no nos vamos a rajar”, mencionó.
También pidió a la ciudadanía estar atenta con lo que puede ocurrir en los días posteriores y no dejar de luchar por una causa noble.
El pasado 27 de abril, los pobladores de Punta Mita se manifestaron para frenar la construcción de una pared que construye la inmobiliaria Grupo Dine afuera del Hotel Montage, la cual, aseguran, contraviene la normatividad ambiental vigente en México.
Tras las protestas, policías estatales detuvieron por la mañana y liberaron por la noche a tres activistas opositores al proyecto turístico.
VEJACIONES. Los manifestantes aseguraron que los tres detenidos fueron golpeados por policías estatales y que no fue gracias al gobernador Navarro que se dio su liberación, a pesar de que el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santa, afirmó en sus redes sociales que la decisión se dio por la gestión del mandatario, aunque posteriormente borró la publicación.
Los activistas fueron detenidos mientras documentaban las obras con maquinaria pesada sobre la franja de arena de Bahía de Banderas y fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social de El Rincón, en Tepic, donde fueron liberados horas más tarde.
Minutos después de las aprehensiones, bloquearon el crucero de acceso al poblado Higuera Blanca, para exigir la libertad de Antonio Benavides, Fabricio Yáñez y Sandra Cano.
El martes, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, en conferencia de prensa, indicó que se llevó a cabo una reunión con los activistas en la que se comprometió a que se respetará el uso público de la playa.
Los inconformes le pidieron que la obra se recorra 10 metros hacia dentro, para que haya acceso a este destino, y además que se les otorgue una unidad deportiva para sus comunidades.
El mandatario estatal refirió que, como parte de los acuerdos, se determinó el retiro de los elementos de la policía estatal que se encontraban en resguardo de la zona, para “privilegiar el diálogo y la construcción de soluciones sin confrontación”.
APEGO A LA LEY. De igual manera, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que mantiene comunicación directa con los habitantes y los actores involucrados en el diferendo, para garantizar el libre acceso público a las playas.
También se informó que habrá supervisión técnica y acciones de verificación, con la participación de las autoridades ambientales competentes, con el fin de asegurar que cualquier obra o intervención en la zona se realice con apego a la ley, en beneficio de la comunidad.
La Segob dejó en claro que el complejo turístico de Punta Mita deberá desarrollarse bajo los criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno, al tiempo que contribuya a la generación de empleos y al desarrollo económico de la región.
