El Gobierno de David Monreal en Zacatecas “extravió” mil 546 millones de pesos del fideicomiso que se constituyó para la ejecución de obra del segundo piso vehicular que se pretendía construir y que finalmente se canceló.
Apenas en enero, dicho instrumento tenía un saldo de mil 631 millones 934 mil 624 pesos, y para el 31 de marzo ya solamente había 85 millones 931 mil 230 pesos, lo que significa que el monto se redujo 95 por ciento.
La senadora Claudia Edith Anaya urgió al gobierno de Zacatecas a transparentar el destino que se le dio a dichos recursos del viaducto elevado.
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- El Dato: PARA ALGUNOS analistas, la supresión de la obra es ocasión para plantear opciones que impulsen una movilidad sostenible, para encontrar las mejores alternativas.
En entrevista con La Razón, la legisladora del PRI dijo que se debe aclarar a dónde se fue el dinero o a qué cuentas lo metieron, y tener un registro contable, ya que de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental, todo movimiento se tiene que registrar.
Añadió que el Congreso de Zacatecas debe citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Función Pública para que expliquen qué pasó con el dinero. “Yo llamaría al Congreso del Estado de Zacatecas que pida rendir cuentas al secretario de la Función Pública y al secretario de Finanzas; tienen que rendir cuentas de qué están haciendo con el dinero de Zacatecas. También hago un llamado al pueblo de Zacatecas a que se manifieste”, planteó.
- 3.4 kilómetros consideraba el viaducto del bulevar López Mateos
OPACIDAD. La semana pasada, en conferencia de prensa, la secretaria de Obras Públicas del Gobierno estatal, Karla Montes, reveló que la empresa HYCSA, encargada de la construcción del segundo piso del Bulevar Metropolitano de Zacatecas, ganó un amparo para que se reservara la información del caso.
Al ser cuestionada sobre el dinero del fideicomiso del proyecto para la construcción del segundo piso del bulevar, el cual fue cancelado luego de la presentación de amparos ciudadanos y resoluciones judiciales en 2025, la funcionaria aclaró que “me apena mucho no poder comunicar información al respecto, pero espero que el asunto se arregle pronto”, y no precisó por cuánto tiempo se reservó dicha información.
Al respecto, la senadora priista dijo que la empresa debería “estar demandada por los ciudadanos, porque le dieron un anticipo que no le correspondía”, y más bien lo que se tiene que resolver en los tribunales es cuánto le debe de pagar el gobierno estatal a la empresa por la cancelación de la obra.
“Yo no conozco de ese amparo. A ver, vamos revisando los números del amparo para revisar que ese trámite esté en algún juzgado. Obvio, no podemos verlo, pero hay estrados de actos que nos dicen si esos trámites existen. Si no, yo mañana te digo que no puedo hablar de nada porque se ampararon con trámites a los ciudadanos y no hablo de nada”, dijo.
Recordó que todo comenzó cuando el gobierno de Zacatecas, encabezado por el morenista David Monreal Ávila, creó un fideicomiso para fondear la construcción de la obra plurianual; es decir, su financiamiento se extendería más allá de un solo ejercicio fiscal.
Aseguró que los recursos del fideicomiso fueron juntados a partir de los fondos de subejercicios estatales.
“El Congreso del estado, que es el que aprueba el presupuesto de Zacatecas, distribuye tanto para educación, tanto para salud o tanto para tal. Los presupuestos de todos los estados son presupuestos mixtos: tienen componentes federales y componentes estatales”, explicó.
“Si subejerces el presupuesto federal, lo tienes que devolver al final del año, pero si subejerces el presupuesto local, lo devuelves a las arcas del estado. Bueno, en ese decreto de creación de fideicomiso decía que iban a estar alimentando ese fideicomiso con los ahorros del estado, y, ¿cómo se consiguieron esos ahorros?, pues con subejercicios”, expuso.
Luego de realizar los subejercicios, el fideicomiso llegó a juntar tres mil millones de pesos y posteriormente se contrató la obra con un procedimiento que se denomina “mano alzada”, en el cual no hay un “anticipo”; sin embargo, el Gobierno de Zacatecas, fuera de la norma, pagó por adelantado 500 millones de pesos a la empresa HYCSA, afirmó.
LO EXPRIMIERON. La senadora señaló que en uno de los artículos del fideicomiso se establece que “no se puede extinguir el fideicomiso hasta que se acaben los compromisos de la obra” y, aunque no lo extinguieron, ya “le sacaron todo el dinero”, comentó.
“Me meto al reporte trimestral y ellos, en el último reporte, tenían casi mil 600 millones de pesos en el último corte trimestral, y para este corte trimestral le dejaron 89 millones; sólo le dejaron eso porque no lo pueden extinguir, porque legalmente no lo pueden extinguir hasta que se terminen todos los compromisos y, efectivamente, hay un compromiso de una demanda”, dijo.
Hasta la fecha, el conflicto legal entre el gobierno del estado y el grupo empresarial HYCSA permanece sin resolución en los tribunales.
De acuerdo con reportes locales, hasta el momento han fracasado los intentos por conciliar cifras con la constructora, a la que el gobierno estatal entregó un adelanto de 500 millones de pesos, de los cuales busca recuperar 370 millones.
El titular de la Coordinación General Jurídica del gobierno estatal de Zacatecas, Armando Ávalos Arellano, estimó que el conflicto legal con la firma constructora podría extenderse hasta el próximo sexenio estatal, en caso de no alcanzar una conciliación.
EL MALOGRADO VIADUCTO
El 27 de mayo de 2025, el Gobierno zacatecano canceló el proyecto.
- La obra fue frenada tras la oposición ciudadana, amparos y observaciones sobre su impacto en el patrimonio histórico.
- Jueces federales otorgaron suspensiones definitivas. La construcción comenzó, aunque no se realizaron trabajos mayores.
- El contrato fue asignado a Grupo HYCSA, con un valor superior a 3,600 millones de pesos, y contemplaba concluirse en abril de 2026.
- Tras la anulación, ambas partes debieron revisar el acuerdo y la devolución del anticipo millonario que había sido otorgado.
- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la UNESCO advirtieron que el plan ponía en riesgo el nombramiento de la capital zacatecana como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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