En lo que va del año, Veracruz es la entidad que más solicitudes de incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha realizado exitosamente, al concentrar 43 por ciento de ellas.
Así lo establecen los informes mensuales de la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a activistas y comunicadores que sufren agresiones en el ejercicio de su tarea.
Las solicitudes de protección en la entidad se han triplicado en comparación con el año pasado, ya que solamente en todo el año anterior se reportó un solo trámite y ahora van tres.
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- El Dato: EN EL AÑO se han presentado 16 demandas de incorporación al mecanismo por parte de periodistas, de las cuales 9 fueron no admitidas por razones que no se aclaran.
Las peticiones para la protección coinciden con una escalada de violencia ejercida en contra de los profesionales de la comunicación en el estado gobernado por la morenista Rocío Nahle García, ya que recientemente Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por un grupo de hombres armados y, posteriormente, localizada sin vida.
A este caso se suma el del pasado 11 de junio, cuando el reportero de la fuente policiaca Luis Ángel López Valdez, colaborador del portal digital Vanguardia de Veracruz, fue asesinado por hombres no identificados que le dispararon en Poza Rica, localidad ubicada en la zona norte del estado, mientras la víctima conducía su automóvil.
Además, sólo ocho días después del comienzo de este año, el periodista Carlos Castro fue asesinado en la colonia Cazones, en el centro del municipio de Poza Rica, Veracruz.
A nivel nacional, en lo que va de 2026 suman 12 solicitudes admitidas por las autoridades, de las cuales cinco corresponden a personas defensoras de derechos humanos y siete son de comunicadores en riesgo.
- El Tip: ENTRE las agresiones que sufren los comunicadores en México dominan las amenazas, agresiones y secuestros.
APUNTAN A LA POLICÍA. En voz de los propios protagonistas de la información en la entidad, Rafael Lafita León, comunicador de Coatzacoalcos, aseguró a La Razón que ejercer el periodismo en el sur del estado continúa siendo una actividad de alto riesgo, al señalar que, desde su experiencia, las principales amenazas no provienen de la delincuencia organizada, sino de presuntos abusos cometidos por elementos de la Policía Estatal.
“Está difícil el periodismo aquí en Coatzacoalcos; muy, muy, muy difícil, la verdad. Se tienen más problemas con la Policía Estatal; no todos los elementos, pero es más el pleito con la Policía Estatal. Ha habido muchas quejas de que detienen a las personas inocentes, les ponen droga, armas”, expuso.
Afirmó que la situación lo ha llevado a evitar la realización de coberturas o emitir opiniones que puedan interpretarse como una confrontación con grupos delictivos, limitándose a informar los hechos.
Rafael León sostuvo que las críticas dirigidas al desempeño de las corporaciones policiacas han generado mayores riesgos para quienes ejercen la labor periodística en el estado.
El periodista acusó que existen denuncias ciudadanas sobre presuntas detenciones arbitrarias, fabricación de delitos y supuestas alteraciones de escenas por parte de algunos elementos policiales. Aunque reconoció que no todos los policías incurren en estas conductas, señaló que este tipo de señalamientos ha sido recurrente en la región.
Asimismo, lamentó el contexto de violencia contra periodistas en Veracruz y recordó los recientes casos de comunicadores asesinados en distintas zonas del estado.
INDEFENSOS. Respecto al funcionamiento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el entrevistado aseguró que “no sirve”, ya que el organismo no brinda una protección efectiva a quienes enfrentan amenazas por su labor.
Relató que, en su caso, la comisión únicamente ofreció apoyo mediante llamadas telefónicas y patrullajes temporales que, dijo, dejaron de realizarse poco tiempo después. Afirmó que la protección prometida fue insuficiente y que tuvo que recurrir a abogados particulares para enfrentar un proceso penal en el que fue acusado de terrorismo y otros delitos.
Lafita sostuvo que, de haber dependido exclusivamente del respaldo de la referida comisión en su caso, habría permanecido en prisión, por lo que aseguró que la defensa privada resultó determinante para obtener resultados favorables.
Además, cuestionó la preparación del personal del organismo y señaló que no existe confianza entre el gremio hacia esa institución.
Sus declaraciones reflejan la percepción de un sector de periodistas sobre las condiciones en las que desarrollan su trabajo en Veracruz y reavivan el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para la prensa, en una de las entidades con mayores antecedentes inmediatos de agresiones contra comunicadores en el país.
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