El Congreso de Veracruz determinó retirar el fuero constitucional a dos presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano (MC) que están siendo investigados por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos graves.
Por abrumadora mayoría de 40 votos de Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), contra ocho de la oposición, los legisladores consideraron que existen elementos suficientes para proceder con el retiro de la inmunidad procesal de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quienes son investigados en procesos separados por sendos casos de asesinato y desaparición forzada.
- El Dato: EL COORDINADOR nacional emecista Jorge Álvarez Máynez acudió ayer ante la CNDH para pedir protección a gobiernos municipales de su partido en Veracruz.
El edil de Ixhuatlán del Sureste es indagado por la Fiscalía General del Estado debido a su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido el pasado 2 de junio.
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Tras el desafuero de González Martínez, Juliana Ruiz Martínez deberá asumir la presidencia municipal de Ixhuatlán, mientras el munícipe enfrenta el proceso penal correspondiente.
La periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera violentamente en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, localizado al sur de Veracruz.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas de aquel día, cuando personas embozadas y que llevaban armas de alto calibre llegaron hasta la vivienda de la comunicadora y forzaron el acceso para ingresar, según se aprecia en un video colocado en redes sociales.
Tras permanecer más de un mes en condición de desaparecida, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo sin vida de la comunicadora, luego de que sus restos fueran localizados en un rancho de la comunidad de Emiliano Zapata, al norte de Veracruz.
Una de las líneas de investigación de la fiscalía estatal considera que el munícipe sería el autor intelectual del crimen de la periodista. La carpeta de investigación incluye videos, testimonios y registros de llamadas telefónicas que presuntamente lo vinculan con el caso, del que hasta ahora hay ocho personas detenidas —entre ellas cuatro elementos policiales de Ixhuatlán del Sureste—, todas vinculados a proceso penal.
En la misma sesión extraordinaria celebrada ayer, el pleno legislativo también determinó el desafuero del alcalde del municipio de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, por supuestamente estar involucrado en las desapariciones forzadas del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, el 14 de mayo pasado.
Al salir del Congreso, Bertín Bravo reafirmó su inocencia y dijo que las acusaciones en su contra por las desapariciones del empresario minero y de su escolta afectaron su vida familiar, aunque no perfiló su estrategia de defensa.
El grupo parlamentario de MC acusó al gobierno estatal de intromisiones arbitrarias y judicialización selectiva.
En redes sociales, el coordinador nacional partidista, Jorge Álvarez Máynez, declaró que “lo que está pasando en Veracruz, desde el sexenio de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, tiene un nombre: persecución política”.
A la sesión del Congreso, a la que no acudió personalmente el alcalde Raúl González, se ausentó el diputado panista Fernando Yunes Márquez.
No hago política, sino justicia, afirma la fiscal
| Por Alan Gallegos |
LISBETH AURELIA Jiménez Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, rechazó que las investigaciones que mantiene la institución contra alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) tengan un trasfondo político.
Cuestionada sobre presuntas fabricaciones de carpetas de investigación en la fiscalía, la funcionaria aseguró que “no viene a hacer política” y las órdenes de aprehensión contra los ediles están sustentadas en pruebas.
“No vengo a hacer política. Mi prioridad, tanto cuando estuve en el Poder Judicial como ahora en la fiscalía, ha sido la justicia. Cuando acudimos ante un juez, no llevamos argumentos políticos, llevamos datos de prueba”, afirmó, en entrevista.
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Insistió en que “las carpetas de investigación no se integran con cuestiones políticas, sino con datos de prueba” que se recaban y que en algún momento se tienen que desahogar en juicios.
Al referirse a la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, la fiscal confirmó que la carpeta continúa abierta y la institución a su cargo mantiene pendientes nuevas órdenes de aprehensión, además de las ocho personas que ya fueron vinculadas a proceso por homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva.
Jiménez Aguirre evitó precisar cuántos mandamientos judiciales faltan por ser ejecutados o cuántas personas más son investigadas, al señalar que revelar esa información podría afectar el desarrollo de la indagatoria.
“Seguimos trabajando la carpeta de investigación y se están generando más órdenes de aprehensión. Si doy detalles en este momento, yo misma podría obstruir la investigación y la posible ejecución de esas órdenes”, señaló.
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