Tres años antes de los aseguramientos federales de hidrocarburos realizados durante 2026, el Ayuntamiento de Reynosa ya había recibido denuncias por residuos peligrosos, realizado inspecciones y constatado la existencia de predios clausurados por autoridades federales en la Brecha El Becerro, reconoció el alcalde Carlos Peña Ortiz.
Se trata del mismo corredor donde la semana pasada fuerzas federales aseguraron una instalación utilizada para el almacenamiento y presunto procesamiento ilegal de hidrocarburos y que ha quedado bajo escrutinio tras el aseguramiento de más de 7.3 millones de litros en distintos operativos.
El propio presidente municipal reveló que las primeras actuaciones del Ayuntamiento en esa zona se remontan a 2023, cuando habitantes denunciaron la presencia de residuos peligrosos en sus terrenos y personal municipal acudió a realizar inspecciones.
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“Ahorita recordando con los inspectores, nos habían dicho que la vez que hicieron inspección en ese lugar a petición de los vecinos que había residuos peligrosos en sus terrenos, ese predio y otros estaban clausurados por ASEA, tenían los sellos de clausura por ASEA… Ahí había clausura en su momento en 2023–2024”, indicó.
La declaración confirma que el gobierno municipal no sólo recibió información sobre posibles anomalías, sino que sus inspectores recorrieron físicamente la zona y constataron que diferentes propiedades ya habían sido intervenidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Peña Ortiz relató que él mismo estuvo en la Brecha El Becerro cuando vecinos le comunicaron sus inquietudes y que, a partir de esas denuncias, fueron revisadas las instalaciones ubicadas alrededor del lugar donde habían sido detectados residuos.
“Alguna vez pasamos por la Brecha El Becerro, nos pararon unos vecinos y nos dijeron que están viendo residuos peligrosos en sus predios, y fuimos a analizar quien lo estaba haciendo y al encontrar ese residuo nosotros visitamos todos los predios aledaños, instalaciones como esa, que hay varias en esos lugares y checamos que estaban clausurados por ASEA, en esos momentos, cuando estaban ahí los vecinos conmigo, cuando compartieron sus inquietudes de que estaban tirando residuos peligrosos. Entonces no sabemos de ahí cómo está la situación pero hace más de dos años, hace años y medio o dos estaba clausurado por la ASEA esos tipos de predios, hay que ver qué paso posteriormente”Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa
El alcalde no explicó qué seguimiento administrativo se dio a las denuncias después de aquellas inspecciones, tampoco precisó si el Ayuntamiento notificó a otras autoridades sobre los residuos peligrosos detectados ni qué ocurrió posteriormente con los predios que estaban clausurados.
Cuestionado sobre las autorizaciones para construir los inmuebles donde posteriormente fueron asegurados hidrocarburos, Peña Ortiz evitó precisar si el Ayuntamiento expidió licencias y argumentó que determinadas instalaciones quedan fuera de las atribuciones municipales por sus dimensiones, ubicación y actividad.
“En protección civil le compete al estado cualquier instalación arriba de mil metros, Desarrollo Urbano no porque está fuera de la mancha urbana y son pastizales y área forestal, en el tema de ecología podemos ayudar cuando hay instalaciones que tienen residuos peligrosos y es por eso que los vecinos se acercaron a nosotros, pero en lo que tenga que ver con hidrocarburos la ley prohíbe a los municipios ingresar a hacer inspecciones porque no nos compete nada”, comentó.
Respecto del uso de suelo de los predios, el presidente municipal tampoco confirmó si existió alguna modificación para permitir la construcción u operación de las instalaciones localizadas en ese corredor.
“Al parecer no hubo cambio de uso de suelo, se tramitaron permisos ante ASEA de pastizales”, declaró.
El posicionamiento del alcalde incorpora un antecedente hasta ahora no reconocido públicamente por el gobierno municipal: desde 2023 existían reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades ambientales en la Brecha El Becerro y funcionarios del Ayuntamiento habían inspeccionado el lugar.
Pese a que por ley es facultad del municipio otorgar licencias de construcción de inmuebles en su territorio y supervisar su objetivo —habitacional, comercial o industrial—, Peña Ortiz rechazó que su administración tenga responsabilidad sobre la construcción de una presunta mini refinería donde se habría procesado petróleo robado de Veracruz y Tabasco.
El presidente municipal centró su defensa en la distribución de competencias entre los diferentes órdenes de gobierno y aseguró que las actividades relacionadas directamente con hidrocarburos quedan fuera de las atribuciones municipales.
“El municipio no da ni expide permisos con respecto a ese tipo de predios que tengan que ver con hidrocarburos”, dijo.
Sin embargo, sus declaraciones confirman que el Ayuntamiento sí intervino previamente en la zona por una materia distinta: las denuncias de vecinos relacionadas con el depósito de residuos peligrosos.
La información proporcionada por el propio alcalde establece así que, antes de los operativos federales de 2026, el gobierno municipal conocía la problemática denunciada en la Brecha El Becerro, realizó recorridos, identificó instalaciones similares en los alrededores y constató la existencia de clausuras impuestas por la ASEA.
Peña Ortiz calificó los señalamientos derivados del caso como un “ataque político”, anunció que solicitará derecho de réplica y sostuvo que existen actores interesados en desviar la atención sobre quienes considera los verdaderos responsables.
Su declaración deja, no obstante, un punto pendiente: determinar qué seguimiento dieron las autoridades municipales a lo encontrado durante aquellas inspecciones de 2023–2024 y qué ocurrió después con los predios que entonces permanecían clausurados.
cehr
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